CUBA-REPUBLICA DOMINICANA
La Habana. PLC | La reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ante la expulsión de diez de sus diplomáticos en República Dominicana no es solo un gesto de protesta: es la señal visible de un reacomodo político regional que viene gestándose desde hace años y que ahora emerge con crudeza. La declaración del MINREX, difundida el 13 de agosto, acusa al Gobierno dominicano de actuar bajo “sometimiento” a la política de Estados Unidos, calificando la medida como un acto de subordinación que busca aislar a La Habana.
El conflicto se desencadena cuando Santo Domingo solicita el retiro de nueve miembros de la misión cubana y sus familiares, amparándose en el artículo 9 de la Convención de Viena, que permite declarar persona non grata sin obligación de explicar motivos. La Cancillería dominicana insiste en que la decisión se ajusta al derecho internacional y que no ofrecerá detalles adicionales, subrayando que el asunto se manejará con discreción para preservar las relaciones bilaterales.
La respuesta cubana, sin embargo, interpreta la medida como parte de una escalada hostil que no es nueva. La Habana recuerda que República Dominicana excluyó a Cuba de la postergada X Cumbre de las Américas y cambió su voto en la ONU respecto a la resolución contra el bloqueo, movimientos que Cuba considera alineados con Washington. En su comunicado, el MINREX sostiene que los diplomáticos actuaron siempre conforme a la Convención de Viena y con respeto a las leyes dominicanas, por lo que descarta cualquier justificación técnica o legal para la expulsión.
El episodio revela un patrón: la política exterior dominicana, bajo el gobierno de Luis Abinader, ha tomado distancia de La Habana y se ha acercado a posiciones estadounidenses en temas hemisféricos. Aunque Santo Domingo insiste en que la expulsión se inscribe en sus facultades soberanas, la coincidencia con decisiones previas sugiere un giro estratégico que Cuba interpreta como parte de un cerco diplomático regional. La Habana, por su parte, intenta proyectar que el conflicto es con el Gobierno dominicano, no con su pueblo, evocando los vínculos históricos entre ambas naciones.
Más allá de la retórica, el caso expone una tensión estructural: la pugna entre la diplomacia cubana, que busca mantener espacios de interlocución en el Caribe, y la presión estadounidense sobre gobiernos de la región para limitar la influencia de La Habana. La expulsión de diplomáticos es una medida extrema en el repertorio diplomático y, aunque legal, rara vez se ejecuta sin consecuencias políticas. En este caso, abre un nuevo frente en la ya compleja relación entre Cuba y República Dominicana, y anticipa que el mapa diplomático caribeño seguirá moviéndose bajo la sombra de Washington.
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