ESTADOS UNIDOS-CUBA-CONFRONTACIÓN
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Washington. PLC |El presidente estadounidense, Trump, volvió a situar el futuro de Cuba en el centro de su política exterior al afirmar que el régimen comunista de La Habana «no va a durar mucho más» y asegurar que la situación quedará resuelta antes de que concluya su actual mandato en la Casa Blanca.
Las declaraciones, difundidas el sábado 31 de octubre, fueron realizadas durante una entrevista con el comentarista conservador Benny Johnson, grabada en Florida. Interrogado sobre la posibilidad de que algún miembro de la familia Castro continúe en el poder cuando termine su presidencia, Trump respondió que existe «cero por ciento de probabilidades» de que eso ocurra y presentó un horizonte de dos años y medio, o incluso menos, para que se produzcan cambios en la isla.
«Diría que no va a durar mucho más. Miren, es un país fallido. Vamos a hacer que la gente regrese allí muy pronto», afirmó el mandatario. También aseguró que la cuestión cubana «definitivamente se resolverá durante estos dos años y medio» y añadió inmediatamente que podría ocurrir antes.
El alcance político de esas palabras es considerable. Trump no se limitó a describir la crisis cubana ni a reiterar su condena al comunismo, sino que presentó el final del régimen como un objetivo que espera alcanzar durante el tiempo que le queda en la presidencia. Al mismo tiempo, relacionó el futuro de Cuba con las actuaciones de Estados Unidos en Venezuela y con el conflicto en Irán, estableciendo una secuencia según la cual Washington terminaría primero sus operaciones en Oriente Medio y dirigiría después su atención hacia la isla.
La alusión a Venezuela añade un tono particularmente grave a sus declaraciones. Trump utilizó lo ocurrido en ese país como referencia al explicar lo que podría suceder en Cuba, aunque en la entrevista no anunció una operación militar concreta, no presentó un calendario detallado ni explicó qué medidas utilizaría para provocar el cambio político que pronostica.
El presidente también atribuyó un papel central al secretario de Estado, Marco Rubio, quien, según dijo, sigue el expediente cubano «muy de cerca». Trump vinculó el interés del jefe de la diplomacia estadounidense con el origen cubano de sus padres y dejó entender que Rubio tendría una responsabilidad determinante en la estrategia de Washington hacia La Habana.
Las palabras pronunciadas ahora no aparecieron de manera repentina. El 23 de octubre, durante un acto electoral en Fort Myers, Florida, Trump declaró que Estados Unidos se ocuparía de Cuba «de regreso de Irán». Habló de buques estadounidenses pasando frente a la isla, de uno de ellos detenido a unos 50 metros de la costa y del posterior envío de Rubio para «cerrar el acuerdo».
Aunque la formulación tuvo el tono provocador y teatral característico del presidente, la reiteración de referencias a buques de guerra y a una atención posterior sobre Cuba ha alimentado las especulaciones acerca de una posible escalada. Hasta ahora, sin embargo, Washington no ha anunciado públicamente una intervención militar ni ha presentado un plan concreto que permita transformar esas declaraciones en una política operativa verificable.
Días después del mitin de Florida, Trump volvió sobre el tema en Texas y bromeó con dejar a Rubio en Cuba «en paracaídas», asegurando que el secretario de Estado podría resolver el asunto en «unos 15 minutos». La repetición de estas imágenes muestra que Cuba ha dejado de ser un asunto periférico en su discurso y se ha convertido en una promesa política durante la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El endurecimiento verbal del presidente coincide con otra actuación aún más explícita de Rubio. El secretario de Estado pidió a quienes buscan cambios políticos en Cuba que aprovecharan lo que calificó como una oportunidad y establecieran una colaboración discreta con la CIA. Rubio se dirigió a quienes se sienten defraudados por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de la élite gobernante, aunque no explicó qué clase de cooperación estaba solicitando.
La respuesta oficial cubana no tardó. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó el llamado como una muestra de desesperación por parte de Estados Unidos. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, por su parte, rechazó las amenazas estadounidenses y advirtió contra cualquier propósito hostil dirigido hacia la isla.
La pregunta fundamental es si Washington prepara realmente una acción destinada a terminar con el régimen o si Trump utiliza una retórica de máxima presión para obligar a La Habana a negociar desde una posición de extrema debilidad.
Las informaciones disponibles muestran señales contradictorias. Por una parte, la Administración ha declarado que su objetivo es cambiar el sistema comunista cubano y ha intensificado la presión económica. Por otra, el propio Trump había pronosticado anteriormente que Estados Unidos y Cuba llegarían a un acuerdo y había expresado que no consideraba necesaria una acción militar.
También existen contactos entre ambos gobiernos, pero la naturaleza y el alcance de esas comunicaciones continúan siendo objeto de versiones enfrentadas. La encargada de negocios de Cuba en Washington, Lianys Torres Rivera, ha reconocido la existencia de canales de comunicación, al tiempo que sostiene que no existen negociaciones formales y que el sistema político cubano no está sujeto a negociación. La representación cubana interpreta los contactos como posibles conversaciones sobre diferencias bilaterales, mientras la Casa Blanca los presenta dentro de una presión más amplia para promover cambios en la isla.
La contradicción es evidente. Trump ha hablado públicamente de un acuerdo y ha colocado a Rubio en el centro de su estrategia, mientras La Habana insiste en que solo existen canales de comunicación y que no aceptará negociar un cambio de régimen. Esa distancia hace difícil saber si los contactos constituyen una negociación embrionaria o simplemente un mecanismo para evitar que la confrontación se vuelva incontrolable.
La presión se desarrolla, además, en un momento de enorme vulnerabilidad para Cuba. La falta de combustible y los apagones prolongados han agravado el deterioro económico y social, mientras Washington ha continuado aplicando sanciones y restringiendo las fuentes de ingresos y financiamiento del Estado cubano. Reuters informó que el bloqueo petrolero estadounidense ha colocado a la isla bajo una fuerte tensión, agravada por la escasez de combustible y el deterioro de la infraestructura eléctrica.
A la presión económica y política se suma ahora el frente judicial. En mayo, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Raúl Castro y cinco antiguos militares cubanos por el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas de Hermanos al Rescate, ataque en el que murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
La ofensiva estadounidense también ha conseguido modificar parcialmente el panorama diplomático internacional. El 28 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a pedir el fin del embargo, pero la resolución recibió 130 votos favorables, 17 contrarios y 25 abstenciones, su respaldo más débil en dos décadas.
Todo esto configura una estrategia de cerco creciente: presión económica, sanciones contra entidades y dirigentes, aislamiento diplomático, acusaciones judiciales, llamados a la colaboración interna y una retórica presidencial que anuncia abiertamente el final del régimen.
Pero todavía falta el elemento fundamental: un plan público capaz de explicar cómo pretende la Administración estadounidense producir ese desenlace sin provocar una crisis humanitaria aún mayor, una confrontación militar o una transición caótica.
El castrismo atraviesa una de las situaciones más difíciles de su historia. La economía permanece hundida, el sistema eléctrico es incapaz de satisfacer las necesidades básicas, la emigración ha vaciado al país de una parte importante de su población y el Estado depende de un aparato de control cada vez más visible. Sin embargo, la gravedad de la crisis no significa automáticamente la caída del régimen.
Los sistemas autoritarios pueden sobrevivir durante largos períodos en condiciones de pobreza extrema cuando conservan el monopolio de las armas, la vigilancia, las comunicaciones y la represión. Por eso, el anuncio de Trump debe entenderse como una declaración política de enorme trascendencia, pero no como una certeza histórica ni como prueba de que exista ya una transición en marcha.
Para la oposición cubana, las palabras del presidente estadounidense pueden fortalecer la expectativa de un cambio. Para el régimen, ofrecen un argumento con el que presentar cualquier protesta interna como parte de una conspiración extranjera y justificar nuevas medidas represivas. Y para la población, exhausta después de años de carencias, plantean una esperanza acompañada por una pregunta inevitable: qué ocurrirá realmente después de tantas promesas.
Lo nuevo no es que Washington condene a la dictadura cubana. Lo nuevo es que el presidente de Estados Unidos haya establecido públicamente un plazo, haya señalado a Rubio como figura central y haya enlazado el futuro de Cuba con una secuencia de actuaciones estadounidenses en Venezuela e Irán.
Trump ha situado así su propia credibilidad en juego. Si asegura que ningún Castro conservará el poder cuando abandone la presidencia y que la cuestión quedará resuelta antes de terminar su mandato, ya no está formulando solamente un deseo político. Está haciendo una promesa cuya realización dependerá de decisiones que la Casa Blanca todavía no ha explicado.
El régimen cubano puede estar sometido a una presión sin precedentes, pero su final no llegará simplemente porque Trump lo haya pronosticado. La verdadera noticia comenzará cuando Washington aclare si detrás de las palabras existe una estrategia concreta, si busca una negociación o si está dispuesto a llevar la confrontación hasta consecuencias que todavía nadie puede calcular.
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