Combustible estadounidense para las MIPYMES: la grieta que La Habana no quiere admitir

Estocolmo. ULC- Análisis- La política energética de Estados Unidos hacia Cuba ha entrado en una fase inesperada que combina presión máxima sobre el Estado cubano y un apoyo selectivo al sector privado emergente. Mientras Washington mantiene un bloqueo energético total contra las entidades estatales, la prensa internacional ha documentado que continúan los envíos de combustible desde puertos estadounidenses hacia empresas privadas cubanas, amparados en licencias específicas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La paradoja —combustible estadounidense entrando a un país sometido a un cerco energético por parte del propio Estados Unidos— ha generado debate en la región y un silencio notable en La Habana.

Según una investigación de Reuters publicada en abril de 2026, Estados Unidos ha exportado alrededor de 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano en lo que va de año. Los envíos, señala la agencia, salen principalmente de Port Everglades (Florida) y Southwest Pass (Luisiana), y se realizan bajo licencias que permiten exportaciones destinadas exclusivamente a MIPYMES cubanas, siempre que no exista ningún vínculo con el Estado, las FAR o los servicios de inteligencia. “El objetivo es fortalecer al sector privado y debilitar la capacidad del Estado para controlar la economía”, declaró a Reuters un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

El mecanismo es legal, pero complejo. Como explica El País en un reportaje del 18 de abril, las MIPYMES cubanas no pueden importar directamente combustible, por lo que los cargamentos entran a través de empresas estatales como MetalCuba, que actúan como intermediarias logísticas. El destinatario final es privado, pero el Estado cobra por el servicio. La operación, según el diario español, se realiza “en bajo perfil” para evitar tensiones diplomáticas y para no alimentar la narrativa oficial cubana de que Estados Unidos intenta “crear una burguesía dependiente de Washington”.

La política estadounidense se apoya en una flexibilización regulatoria anunciada en febrero por OFAC y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), que amplió la categoría SCP (Support for the Cuban People) para permitir exportaciones de petróleo, gas y derivados a actores privados. Un análisis jurídico de JD Supra confirma que estas licencias permiten incluso la reventa de petróleo venezolano a MIPYMES cubanas, siempre que no exista participación estatal. La intención declarada de Washington es “empoderar al sector privado como motor de cambio económico y político”.

La prensa internacional coincide en que estos envíos no alteran la crisis energética nacional. Cuba necesita unos 100.000 barriles diarios para funcionar, y los 30.000 enviados desde Estados Unidos representan apenas una fracción mínima. Pero su impacto simbólico y político es considerable. Según AFP/RFI, los envíos han permitido que negocios privados como supermercados online, panaderías y pequeñas industrias mantengan operaciones en medio de apagones prolongados que afectan a toda la isla. Para el sector privado, asfixiado por la falta de combustible y por las restricciones internas, estos cargamentos han sido un salvavidas.

El Gobierno cubano, por su parte, ha evitado comentar públicamente la procedencia estadounidense del combustible importado por las MIPYMES. La Habana ha autorizado discretamente estas operaciones, pese a que contradicen su discurso oficial sobre el embargo. El silencio responde a un equilibrio delicado: permitir que el sector privado sobreviva sin reconocer que lo hace gracias a combustible estadounidense. La contradicción es evidente, pero políticamente inevitable en un país donde la crisis energética ha alcanzado niveles críticos.

Para Washington, la estrategia forma parte de un rediseño más amplio de su política hacia Cuba. La administración Trump ha endurecido el cerco al Estado cubano, pero ha abierto canales para fortalecer a actores económicos no estatales, con la expectativa de que estos generen dinámicas de autonomía frente al aparato estatal. La apuesta es arriesgada: el sector privado cubano opera en un entorno regulatorio frágil, sujeto a controles, impuestos y restricciones que pueden cambiar de un día para otro. Pero para Estados Unidos, es una vía para influir en la evolución interna de la isla sin recurrir a concesiones políticas al Gobierno.

La pregunta de fondo es si esta política puede alterar el equilibrio económico y político dentro de Cuba. Por ahora, los envíos de combustible han permitido que una parte del sector privado siga funcionando, pero no han modificado la estructura de poder ni la dependencia del país de los suministros de Rusia, México y otros aliados. Sin embargo, la existencia misma de estos envíos —documentados por Reuters, El País y AFP— revela una grieta en el sistema: el Estado cubano, que durante décadas monopolizó la energía, depende ahora de que Estados Unidos permita que sus actores privados accedan a combustible.

En un país donde la crisis energética ha erosionado la legitimidad del Gobierno y ha provocado protestas en varias provincias, la supervivencia del sector privado se ha convertido en un factor de estabilidad social. Que esa supervivencia dependa, en parte, de combustible estadounidense añade una dimensión geopolítica inesperada a la crisis cubana. Y sugiere que, incluso en medio del bloqueo, la economía de la isla está entrando en una fase donde las líneas entre lo permitido y lo prohibido, lo estatal y lo privado, lo nacional y lo extranjero, se vuelven cada vez más difusas.