CUBA-ESTADOS UNIDOS-CONTRABANDO
Redacción Central
Estocolmo. PLC | La respuesta del régimen cubano a la incautación de casi tres millones de dólares en biodiésel destinada a la Isla confirma un patrón que ya es parte estructural de su narrativa: victimismo, denuncia de “piratería” y acusaciones de ilegalidad contra Estados Unidos, mientras evita explicar por qué recurre a operaciones opacas para sostener su suministro energético. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó que “es ilegal la piratería y el pillaje”, en referencia al operativo federal que interceptó 90 cargamentos cuyo receptor sería ENETEC S.A., empresa estatal sancionada desde junio. Pero la reacción oficial no logra ocultar el fondo del asunto: Cuba depende cada vez más de esquemas irregulares para obtener combustible, y Washington ha decidido cerrarles el paso.
El Departamento de Seguridad Nacional detalló que en Florida se incautaron 71 tanques con unos 500.000 galones de biodiésel, y en Houston otros 19 cargamentos con 120.000 galones. Según Homeland Security Investigations, se trataba de envíos “listos para ser exportados ilegalmente” a Cuba mediante un mecanismo diseñado para evadir sanciones estadounidenses. La operación involucró a HSI, Aduanas (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad, que presentarán públicamente parte de la incautación en Miami.
La Habana sostiene que “es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba”, recordando la interdicción del buque Grace en septiembre, interceptado por la Guardia Costera mientras empleaba tácticas de la llamada “flota oscura”. Pero el régimen omite que estas prácticas —cambios de bandera, rutas opacas, compartimentos de lastre cargados con combustible— son precisamente las maniobras que han llevado a Washington a intensificar la vigilancia. Fernández de Cossío insiste en que “la importación de combustibles por entidades estatales y privadas en Cuba desde cualquier país es legal”, pero evita mencionar que la Isla utiliza estructuras societarias en Panamá y triangulaciones marítimas para ocultar el origen y destino de los cargamentos.
El vicecanciller repitió que someter a Cuba a “asfixia económica” es “inmoral y criminal”, y acusó a Estados Unidos de intimidar a países soberanos con amenazas de represalias si exportan combustible a la Isla. Sin embargo, la realidad es más compleja. Desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington advirtió que impondría aranceles a países que enviaran crudo a Cuba. Venezuela y México detuvieron sus envíos, pero el flujo no desapareció: se transformó. Estados Unidos, paradójicamente, se ha convertido en el principal proveedor de combustible para Cuba, pero a través de medios privados y operaciones que bordean la legalidad, según datos de entidades públicas estadounidenses.
El agente especial José Figueroa, a cargo de HSI en Miami, fue claro: su agencia seguirá trabajando para “desarticular los intentos de evadir las sanciones estadounidenses, proteger la integridad de los controles de exportación y negar al Gobierno cubano el acceso a recursos obtenidos en violación de la ley estadounidense”. La frase resume la postura de Washington: no se trata solo de sanciones, sino de impedir que La Habana utilice redes offshore para sostener un sistema que, en su visión, depende de la opacidad para sobrevivir.
Mientras el régimen denuncia “piratería”, la incautación de combustible revela algo más profundo: Cuba ya no puede sostener su matriz energética sin recurrir a mecanismos clandestinos. La interrupción de los envíos de Venezuela y México dejó a la Isla en una situación crítica, y los apagones nacionales se han convertido en parte del paisaje cotidiano. La respuesta del régimen, centrada en acusaciones y victimismo, evita la pregunta esencial: ¿por qué Cuba necesita recurrir a operaciones encubiertas para obtener combustible si, como afirma, todo es “legal” y “conforme al Derecho Internacional”?
La incautación de esta semana no es un episodio aislado. Es la evidencia de un sistema que opera en la sombra, que depende de intermediarios, sociedades pantalla y rutas marítimas diseñadas para esquivar sanciones. Y es también la confirmación de que Washington ha decidido cerrar ese circuito. La Habana puede seguir hablando de “piratería”, pero los hechos muestran otra cosa: la crisis energética cubana ya no se explica solo por sanciones, sino por la incapacidad del régimen para sostener un modelo económico que hace tiempo dejó de producir lo que el país necesita para funcionar.
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