Dos años antes del actual testimonio, Hernández Ramírez ya había declarado públicamente que la Seguridad del Estado utilizaba a otros reclusos para actuar contra los presos políticos. Foto Prisoners Defenders web.
CUBA-DERECHOS HUMANOS
Redacción Central
Madrid. PLC | El testimonio que Denys Hernández Ramírez ha logrado sacar de la prisión de Guanajay reconstruye cinco años de cárcel, castigos, aislamiento, amenazas y persecución política. Pero contiene una acusación todavía más alarmante: asegura que un agente de la Seguridad del Estado le ofreció recuperar la libertad si aceptaba convertirse en informante y que, ante su negativa, le advirtió que otro recluso podía atacarlo por orden de las autoridades.
La denuncia, divulgada este 21 de octubre por Prisoners Defenders, eleva el caso de Hernández Ramírez de un nuevo episodio de represión penitenciaria a una cuestión urgente sobre su seguridad personal. La organización exige su liberación y medidas inmediatas para proteger su integridad.
No es posible para Prensa Libre Cuba verificar de manera independiente todos los acontecimientos descritos en la carta desde el interior de una prisión cubana. Sin embargo, parte importante del historial de Hernández Ramírez y de sus denuncias anteriores cuenta con antecedentes públicos. En octubre de 2024 ya había denunciado desde Guanajay golpes, amenazas, deficientes condiciones higiénicas, escasa alimentación, problemas con la atención médica y represalias contra presos políticos que protestaban por sus condiciones. También afirmó entonces que reclusos comunes eran utilizados para hostigar y provocar a presos políticos.
El origen de su historia está en el 11 de julio de 2021. Hernández Ramírez participó en las protestas de San Antonio de los Baños, localidad donde comenzaron las manifestaciones que se propagaron posteriormente por numerosos puntos de Cuba. Fue detenido el 19 de julio de aquel año y condenado a seis años de prisión por desacato y desórdenes públicos, según la ficha publicada por Prisoners Defenders.
Su encarcelamiento se convirtió después en una larga sucesión de conflictos con las autoridades penitenciarias. En octubre de 2024, cuando todavía se encontraba en Guanajay, Hernández Ramírez recordó públicamente la respuesta violenta que, según su relato, habían sufrido varios presos del 11J durante una protesta carcelaria del 13 de noviembre de 2021. También denunció confinamientos en celdas de castigo y represalias por reclamar mejores condiciones y atención médica.
La excarcelación llegó en enero de 2025, pero no significó el final de la condena ni de la vigilancia. Más de un año después, el 24 de marzo de 2026, fue citado a la Unidad Provincial de Operaciones Criminales del Ministerio del Interior en Guanajay y terminó nuevamente encarcelado. Antes de acudir había enviado un audio expresando su temor de quedar detenido. Su familia confirmó posteriormente el regreso a prisión. CubaNet informó entonces que, desde su excarcelación, había sufrido citaciones, amenazas y hostigamiento atribuidos a la Seguridad del Estado.
Es precisamente entre estos dos encarcelamientos donde aparece uno de los elementos más reveladores del caso. Una excarcelación condicionada, sometida a vigilancia y susceptible de ser revocada, puede convertirse en una prolongación del control penitenciario fuera de los muros de la cárcel. La persona sale físicamente de prisión, pero conserva sobre sí la amenaza permanente de regresar a ella.
Dos años antes del actual testimonio, Hernández Ramírez ya había declarado públicamente que la Seguridad del Estado utilizaba a otros reclusos para actuar contra los presos políticos.
Su historia tampoco aparece aislada de la situación general de las cárceles políticas en Cuba. El último informe mensual de Prisoners Defenders contabilizó al cierre de septiembre de 2026 un récord de 1.351 prisioneros políticos, después de incorporar 50 nuevos casos y registrar 38 salidas de su lista durante el mes. La organización contabilizó además 152 mujeres y 40 personas que eran menores de edad en el momento de su detención.
Existe otro dato particularmente inquietante: la organización afirma que 476 presos políticos enfermos permanecen encarcelados con negación parcial o total de asistencia médica y registra otros 53 con problemas psicológicos, psiquiátricos o cognitivos que considera incompatibles con las condiciones penitenciarias cubanas.
Las cifras muestran además que la represión política no puede interpretarse únicamente como la secuela judicial del estallido del 11J. Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, Prisoners Defenders incorporó 318 nuevos presos políticos a su registro, un promedio de 26,5 mensuales. Desde julio de 2021 hasta finales de septiembre de 2026, la organización contabiliza 2.217 personas que han pasado por su lista de presos políticos.
Ahí radica la dimensión política del caso de Hernández Ramírez. Cinco años después de aquellas protestas, el problema ya no consiste solamente en determinar qué sucedió durante las jornadas de julio de 2021. Se trata también de observar qué ha sucedido después con quienes decidieron protestar.
Su caso describe, según las denuncias recopiladas, una cadena que comienza con la protesta, continúa con la condena, pasa por la prisión y los castigos disciplinarios, se prolonga mediante una libertad condicional sometida a vigilancia y termina nuevamente detrás de las rejas.
El mensaje que genera semejante sistema trasciende a un solo prisionero: protestar puede tener consecuencias durante años.
La nueva carta de Hernández Ramírez añade ahora algo todavía más preocupante. Si la amenaza atribuida al agente de la Seguridad del Estado se confirma, ya no estaríamos solamente ante represalias políticas o abusos penitenciarios, sino ante una denuncia de coacción mediante una amenaza directa contra la vida de un preso bajo custodia estatal.
El Estado cubano tiene, por ello, una responsabilidad que no puede delegar. Mientras Hernández Ramírez permanezca encarcelado, su vida y su integridad están bajo la responsabilidad de las autoridades.
Cinco años después de salir a las calles de San Antonio de los Baños, Denys Hernández Ramírez vuelve a estar encerrado. Su caso resume una de las herencias más oscuras del 11J: no solamente las condenas dictadas después de las protestas, sino la capacidad del aparato represivo para prolongar durante años el castigo sobre quienes se negaron a guardar silencio.
Sé el primero en comentar