La declaración distingue expresamente entre aceptar provisionalmente un gobierno mixto y pactar la continuidad del orden vigente bajo la hegemonía de quienes hoy controlan el poder. Foto captura Facebook
CUBA-DECLARACIÓN EXPRESOS POLÍTICOS
Redacción Central
Miami. PLC | Un grupo de 146 expresos políticos cubanos de distintas generaciones ha colocado sobre la mesa una propuesta que puede adquirir especial relevancia en cualquier escenario futuro de negociación sobre Cuba: liberar a todos los presos políticos, despenalizar el disenso y evitar que una eventual transición termine convertida en una operación destinada a preservar el sistema bajo otros nombres.
La declaración, titulada Al pueblo de Cuba y de Estados Unidos y fechada el 10 de octubre, fue presentada este jueves en el Museo de la Brigada 2506, en Miami, por el exprisionero político Ángel de Fana. Sus promotores aclaran que los firmantes no representan a una organización determinada, sino que suscriben el texto a título personal como cubanos que sufrieron prisión por enfrentarse al sistema.
El documento establece dos condiciones que considera innegociables antes de cualquier diálogo con las autoridades cubanas: la liberación de todos los presos políticos y la despenalización definitiva del disenso. Los antiguos prisioneros rechazan que quienes hoy permanecen encarcelados puedan convertirse en moneda de cambio para obtener concesiones internacionales en favor del Gobierno cubano.
Pero el alcance político de la declaración va bastante más lejos.
Los firmantes no descartan una negociación para conducir a Cuba hacia un nuevo sistema. Tampoco excluyen que militares y funcionarios procedentes de las actuales estructuras estatales puedan participar provisionalmente en ese proceso, siempre que tengan una trayectoria considerada aceptable. Incluso contemplan un gobierno tecnocrático y mixto de transición en el que participen esas figuras junto a cubanos de la Isla y de la diáspora.
La frontera que establecen es otra: una transición no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual la actual élite conserve el poder y perpetúe, con modificaciones económicas o cosméticas, el mismo sistema político.
La declaración distingue expresamente entre aceptar provisionalmente un gobierno mixto y pactar la continuidad del orden vigente bajo la hegemonía de quienes hoy controlan el poder. También sostiene que la crisis cubana no puede solucionarse exclusivamente mediante reformas económicas mientras permanezcan las mismas estructuras políticas y jurídicas.
Es probablemente el punto de mayor trascendencia del documento.
Después de más de seis décadas de castrismo, cualquier proceso de transformación en Cuba tendrá necesariamente que responder a una pregunta incómoda:¿qué significa realmente una transición?
No bastaría con una apertura económica, mayor espacio para la iniciativa privada o un relevo de figuras dentro del aparato estatal si los ciudadanos continúan privados del derecho a elegir libremente a sus gobernantes, organizar partidos políticos, expresarse sin temor a prisión y decidir mediante las urnas qué sistema político desean.
Una transición económica sin transición política podría aliviar determinadas consecuencias de la crisis, pero dejaría intacto el problema fundamental: la ausencia de soberanía ciudadana.
Los 146 expresos introducen, al mismo tiempo, un elemento de pragmatismo importante. No plantean excluir automáticamente del futuro de Cuba a todas las personas que actualmente forman parte de sus instituciones. De Fana sostuvo que existen militares y funcionarios que, según su criterio, no están implicados en hechos represivos y con quienes sería posible negociar el futuro democrático del país.
Esa posición resulta significativa porque separa dos conceptos que durante décadas con frecuencia se han confundido: desmantelar un sistema autoritario no significa necesariamente desmantelar el Estado.
Cuba necesitará instituciones, administración, técnicos, profesionales y personas capaces de garantizar el funcionamiento cotidiano del país durante cualquier eventual proceso de cambio. La cuestión planteada por los firmantes es quién puede participar en ese proceso y en qué condiciones.
Su respuesta es clara: pueden incorporarse personas procedentes de las estructuras actuales, pero no para garantizar la supervivencia política de esas mismas estructuras. El objetivo final tendría que ser una nueva República y un sistema democrático. El documento sostiene expresamente que, solamente después de la liberación de los presos políticos, podría avanzarse hacia una transición encaminada al establecimiento de esa nueva República.
La posición coincide en un aspecto significativo con declaraciones recientes del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. A finales de septiembre afirmó que existen personas dentro del régimen cubano con las que Estados Unidos nunca podría trabajar debido a su responsabilidad en la represión, pero también otras con las que sería posible hacerlo si estuvieran dispuestas a conducir al país hacia la libertad política y económica.
La carta de los expresos fue enviada al Departamento de Estado de Estados Unidos. De Fana afirmó este jueves que no habían recibido respuesta hasta ese momento.
El reclamo tampoco se produce en un vacío. El registro público de Prisoners Defenders, actualizado en octubre, contiene actualmente 1.361 personas, aunque la propia organización advierte que las altas y bajas del mes se consolidan posteriormente en su informe mensual. Al cierre de septiembre contabilizaba 1.351, frente a 1.185 en agosto de 2025.
Es precisamente la persistencia de la prisión política lo que convierte la primera exigencia de los firmantes en algo más que una cuestión humanitaria.
Para ellos, no puede negociarse una transición democrática mientras el Gobierno conserve encarcelados a ciudadanos por motivos políticos y mantenga penalizado el ejercicio del disenso. Según la formulación recogida en la declaración, primero deben desaparecer esas condiciones represivas y después comenzar la negociación.
Los firmantes resumen además su filosofía en una frase especialmente importante: no buscan venganza, sino justicia.
Ahí reside quizás el mayor valor político de la declaración presentada en Miami. No se limita a denunciar al régimen cubano. Intenta señalar las condiciones mínimas que deberían impedir que, llegado el momento de una transformación, Cuba cambie las formas para conservar el fondo.
Porque una verdadera transición no consiste simplemente en sustituir dirigentes, modificar discursos o introducir reformas económicas. Consiste en devolver a los cubanos el derecho a decidir quién los gobierna.
Y esa es, en definitiva, la línea roja que estos 146 antiguos prisioneros colocan ante cualquier negociación futura: se puede negociar cómo llegar a la democracia, pero no negociar la democracia misma.
Sé el primero en comentar