La diferencia respecto a investigaciones anteriores es importante. Florida sostiene ahora que existen fundamentos jurídicos para procesar a Raúl Castro dentro de su propia jurisdicción porque parte de la conspiración habría tenido lugar en territorio del estado. Foto archivo
ESTADOS UNIDOS-CUBA
Redacción Central
Miami. PLC | Treinta años después del derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, la justicia de Florida ha abierto un nuevo frente penal contra Raúl Castro. El antiguo gobernante cubano enfrenta desde ahora una orden estatal de arresto, sin derecho a fianza, por conspiración para cometer asesinato en primer grado, mientras permanece vigente un proceso federal separado por los mismos hechos.
La medida fue anunciada el lunes 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier. La Oficina de Procesamientos Estatales y el Departamento de Policía de Florida obtuvieron la orden por el ataque del 24 de febrero de 1996 contra dos aeronaves desarmadas de Hermanos al Rescate. Murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr..
La diferencia respecto a investigaciones anteriores es importante. Florida sostiene ahora que existen fundamentos jurídicos para procesar a Raúl Castro dentro de su propia jurisdicción porque parte de la conspiración habría tenido lugar en territorio del estado. Según la documentación judicial citada por varios medios estadounidenses, agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate recopilaron información sobre sus operaciones y vuelos y la transmitieron a La Habana. Algunas de esas actividades habrían ocurrido en los condados de Miami-Dade y Monroe.
Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba. Los investigadores estatales sostienen que estuvo entre los responsables finales que autorizaron la operación militar.
El expediente incorpora además las declaraciones grabadas del propio Raúl Castro posteriores al ataque. Según la documentación de la orden citada por medios estadounidenses, explicó que había concedido autoridad a mandos militares para derribar las aeronaves y relató que había dado instrucciones para hacerlo sobre el mar. Para la fiscalía, estas declaraciones forman parte del conjunto de pruebas que sustenta la acusación.
Aquí aparece uno de los aspectos más graves del caso. No se investiga solo la decisión de unos pilotos militares que dispararon contra las avionetas. La tesis de los fiscales es mucho más amplia: habría existido una conspiración que conectaba las labores de espionaje desarrolladas en Florida con la cadena de mando político y militar cubana que culminó en el derribo. Esa es una acusación que todavía debe ser probada judicialmente, pero que constituye ahora la base de la causa estatal.
Las aeronaves eran civiles y estaban desarmadas. Florida sostiene que fueron derribadas sobre aguas internacionales mediante misiles aire-aire lanzados por cazas cubanos. Hermanos al Rescate, organización creada en Miami, realizaba entre sus actividades vuelos para localizar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
Para James Uthmeier, la conclusión es inequívoca. “No fue un accidente. Fue asesinato”, declaró al presentar el caso. La Fiscalía de Florida sostiene que Raúl Castro ordenó matar a los cuatro hombres y asegura que continuará persiguiendo responsabilidades independientemente del tiempo transcurrido.
La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, calificó la nueva orden como un “paso histórico” hacia la rendición de cuentas por las muertes de Costa, Alejandre, De la Peña y Morales, y recordó las tres décadas durante las cuales las familias y la comunidad cubanoamericana han reclamado justicia.
El congresista cubanoamericano Carlos Giménez celebró igualmente la decisión y sostuvo públicamente que Raúl Castro debe responder por su papel en las muertes.
Pero la trascendencia de la decisión de Florida reside también en que ya no existe un solo expediente estadounidense contra Raúl Castro.
En mayo de este año fiscales federales presentaron una acusación separada relacionada con el mismo derribo. La nueva causa de Florida crea, por tanto, dos vías judiciales diferentes, una federal y otra estatal. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones confirmó expresamente que la Administración de Trump pretende explorar todas las vías legales que permitan exigir responsabilidades, incluidos procesos paralelos estatales y federales.
La distinción tiene importancia política y jurídica. Una eventual modificación futura de la política federal hacia Cuba no elimina automáticamente una causa presentada bajo la legislación del estado de Florida. De hecho, al anunciar la medida, Uthmeier defendió expresamente la utilidad de disponer de una vía estatal independiente.
Su efecto inmediato, sin embargo, será probablemente limitado. Raúl Castro permanece en Cuba y no existe indicación alguna de una entrega inminente. El propio Uthmeier admitió las dificultades prácticas para llevar al exgobernante cubano ante un tribunal, pero afirmó que Florida está preparada para procesarlo si llega a estar bajo jurisdicción estadounidense.
La orden puede tener además consecuencias sobre sus movimientos internacionales. Uthmeier sostiene que viajar a determinados países con acuerdos de extradición con Estados Unidos podría exponerlo a una detención.
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