Estocolmo – PLC- La propuesta de negociación presentada por la oposición venezolana este jueves marca un giro significativo en el tablero político de un país que aún intenta recomponerse tras la caída de Nicolás Maduro en enero. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, respaldados por el sector mayoritario de la oposición, plantearon la necesidad de abrir un proceso político “serio, firme y responsable” con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, con el acompañamiento de Estados Unidos como garante y facilitador. La iniciativa, difundida en un comunicado público, busca restaurar la democracia mediante la convocatoria de una elección presidencial “libre, transparente y soberana”, con observación internacional y un nuevo Consejo Nacional Electoral integrado por personalidades independientes. La propuesta llega en un momento en que Venezuela vive una transición incierta, marcada por la disputa sobre la legitimidad de los resultados de 2024 y por la represión poselectoral que dejó más de dos mil detenidos y decenas de dirigentes en el exilio, según documentó Human Rights Watch.
María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, ha asumido un rol central en esta nueva fase. Desde Panamá, donde se encuentra exiliada tras su espectacular salida del país en diciembre, reiteró su determinación de negociar una transición democrática que permita recomponer las instituciones y devolver al país un horizonte electoral creíble. La oposición reivindica la victoria de González Urrutia en las presidenciales de 2024, que considera arrebatada mediante fraude, y sostiene que solo un nuevo proceso electoral, bajo reglas verificables y con un árbitro independiente, puede cerrar la crisis de legitimidad que arrastra Venezuela desde hace años. La propuesta incluye condiciones que la oposición considera indispensables: la liberación plena de presos políticos civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados, la normalización del espacio cívico y el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados irregulares que operan en el país.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez, reconocido por Washington tras la salida de Maduro, enfrenta el desafío de responder a una oposición que, pese a la persecución y el exilio, ha logrado mantener cohesión y un mensaje unificado. La figura de Rodríguez, que ha impulsado reformas económicas orientadas a atraer capital privado y extranjero, genera tensiones tanto dentro del chavismo como en la comunidad internacional. Estados Unidos, que ha expresado satisfacción con algunas de las medidas económicas adoptadas, ha dejado claro que su acompañamiento a la negociación dependerá de avances concretos hacia la democratización. La propuesta opositora reconoce explícitamente el plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— delineado por Washington para Venezuela, y lo incorpora como marco de referencia para un eventual acuerdo nacional.
El comunicado difundido por la oposición insiste en la necesidad de construir un “gran acuerdo nacional” que involucre a partidos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos y a la diáspora venezolana. La idea de un pacto amplio no es nueva en la política venezolana, pero adquiere un sentido distinto en un país que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia republicana. La oposición sostiene que solo un acuerdo de esta naturaleza puede garantizar gobernabilidad democrática, crecimiento económico sostenido y un reencuentro nacional que permita superar años de polarización extrema. La unidad, afirman, no es una consigna sino una responsabilidad histórica.
La propuesta también refleja un cambio en el tono de Machado, que durante años fue vista como una figura intransigente dentro del espectro opositor. Su disposición a negociar con el gobierno interino, aun desde el exilio, sugiere una lectura pragmática del momento político. La líder opositora ha reiterado que será candidata en unas futuras elecciones, pero ha evitado convertir esa aspiración en un obstáculo para la negociación. Su prioridad declarada es asegurar que el próximo proceso electoral sea legítimo y verificable, algo que solo puede lograrse mediante un acuerdo político amplio.
El desafío ahora recae en el gobierno interino, que deberá decidir si acepta una negociación que podría redefinir el equilibrio de poder en el país. La figura de Delcy Rodríguez, que carga con el peso de haber sido una de las principales operadoras del régimen de Maduro, genera desconfianza en sectores de la oposición, pero también abre una ventana de oportunidad: su reconocimiento internacional y su capacidad para articular reformas económicas podrían facilitar un proceso de transición si existe voluntad política. La pregunta es si esa voluntad existe y si el chavismo, incluso sin Maduro, está dispuesto a ceder espacios reales de poder.
Venezuela vive, como señala el comunicado opositor, una “hora decisiva” de su historia. La propuesta de negociación no garantiza una salida inmediata a la crisis, pero introduce un elemento que había estado ausente en los últimos meses: la posibilidad de un acuerdo político con respaldo internacional que permita reconstruir las instituciones y devolver al país un horizonte democrático. En un país exhausto por la crisis económica, la represión y la incertidumbre, la negociación aparece no como una opción más, sino como la única vía posible para evitar que la transición se estanque o derive en nuevas fracturas.
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