La Habana. PLC | Un amplio operativo policial desarrollado en San Miguel del Padrón, en La Habana, terminó con 71 personas detenidas y trasladadas a la 11.ª Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Entre ellas, las propias autoridades incluyeron a ciudadanos cubanos calificados como “indocumentados e ilegales en la capital”, una formulación que vuelve a colocar en primer plano las restricciones de residencia que todavía permiten considerar irregular la presencia de un cubano en una parte de su propio país.
El despliegue abarcó los Consejos Populares del municipio y fue presentado por las autoridades como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana y responder a denuncias de los vecinos. Entre los detenidos aparecen personas investigadas por presunta tenencia de drogas, prostitución, portación de armas blancas, actividad económica ilícita e impago de multas, además de personas pendientes de detención.
Pero dentro del mismo grupo fueron incluidos residentes procedentes de otras provincias que carecían del permiso administrativo necesario para fijar oficialmente su domicilio en La Habana. El informe policial los describió como “indocumentados e ilegales en la capital con conducta desajustada”, sin explicar qué significa exactamente esta última calificación.
Hay además una carencia de información importante: las autoridades no han precisado cuántos de los 71 detenidos estaban acusados de delitos y cuántos fueron retenidos por problemas relacionados con su residencia. Tampoco se informó inicialmente de las medidas adoptadas contra cada uno de ellos.
La consideración de ciudadanos cubanos como residentes “ilegales” tiene su origen en las restricciones migratorias internas introducidas por el Decreto 217 de 1997. Posteriormente, el Decreto 293 de 2011 introdujo determinadas excepciones, pero mantuvo controles sobre la residencia en la capital. La Constitución cubana de 2019, sin embargo, reconoce en su artículo 52 la libertad de circulación por el territorio nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado las restricciones injustificadas a ese derecho y ha pedido al Estado que permita a sus habitantes desplazarse libremente por el país.
La magnitud de la operación adquiere otra dimensión cuando se coloca frente a los datos sobre inseguridad que se acumulan en Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó 542 protestas, denuncias y expresiones críticas durante octubre de 2026. La inseguridad ciudadana ocupó el primer puesto, con 119 eventos, seguida de los problemas relacionados con los servicios públicos, con 104.
Más significativo todavía es que la inseguridad encabezó los registros del Observatorio por tercer mes consecutivo. Matanzas concentró 30 denuncias de ese tipo y La Habana 22, las dos provincias con mayores cifras dentro del registro publicado.
El informe de octubre recoge robos, asaltos, homicidios y otros hechos violentos. Aunque el número general de eventos documentados por el Observatorio descendió respecto a septiembre, la organización advierte expresamente que esa reducción no significa una mejoría de las condiciones de vida. Su serie histórica comparable refleja, además, un aumento de las incidencias de inseguridad de 210 en septiembre a 275 en octubre.
Ese escenario estadístico acaba de adquirir un rostro particularmente dramático con la muerte de la enfermera Maribel Pupo, licenciada en Enfermería que trabajaba en el departamento de Vacunación del Hospital Docente Aracelio Rodríguez, en Cumanayagua, Cienfuegos. La Dirección General de Salud de Cumanayagua confirmó su fallecimiento.
Según las denuncias difundidas por fuentes independientes, Maribel Pupo fue agredida el 29 de octubre después de reclamar a una familia que llevara a su hijo a recibir una vacuna pendiente. Permaneció varios días en estado crítico antes de fallecer. Hasta la publicación de esas informaciones no existía una explicación oficial suficiente sobre la situación judicial del presunto agresor.
Los dos acontecimientos convergen así sobre un mismo problema. Mientras el Gobierno exhibe grandes operativos policiales como respuesta a la delincuencia y moviliza agentes en barrios completos de La Habana, los registros independientes muestran que la inseguridad gana terreno entre las principales preocupaciones que afloran en las denuncias ciudadanas.
El operativo de San Miguel del Padrón puede interpretarse, por tanto, como una señal de la presión a la que están sometidas las autoridades ante un problema cada vez más visible. Pero la composición de los 71 detenidos introduce una cuestión distinta y políticamente más delicada: junto a personas investigadas por posibles delitos aparecen cubanos cuyo problema es no disponer de la autorización administrativa necesaria para residir en la capital.
Ahí está una de las contradicciones centrales del operativo. Ante un panorama en el que los propios registros del Observatorio Cubano de Conflictos colocan la inseguridad ciudadana por delante de los apagones y otros problemas cotidianos, la respuesta policial no se limita a perseguir presuntos delitos. También alcanza a ciudadanos que, sin haber sido públicamente acusados de un delito común, incumplen las normas de residencia de La Habana.
La redada de 71 personas es por ello mucho más que una operación policial aislada. Refleja simultáneamente dos realidades que empiezan a cruzarse con creciente frecuencia en Cuba: una inseguridad que ocupa cada vez mayor espacio en las denuncias ciudadanas y un Estado que responde ampliando los controles policiales, hasta el extremo de mantener, casi tres décadas después del Decreto 217, una categoría difícil de justificar para cualquier ciudadano dentro de las fronteras de su propia nación: la de ser considerado “ilegal” en su propio país.
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