La Habana. PLC Análisis | Inflación, escasez y apagones forman parte de una crisis que se extiende ahora a otro ámbito especialmente sensible: la seguridad ciudadana. El aumento de las denuncias por robos, asaltos y otros hechos violentos golpea además uno de los argumentos que durante décadas el régimen presentó como conquista del sistema: el orden y la seguridad en las calles.
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró durante octubre de 2026 un total de 542 protestas, denuncias públicas y expresiones críticas, un 18,25% menos que las 663 contabilizadas en septiembre. Sin embargo, la propia organización advierte que esa disminución no significa que las condiciones de vida hayan mejorado.
Más significativo que el número total es el motivo de las denuncias. La inseguridad ciudadana encabezó el registro del OCC con 119 eventos, seguida por 104 relacionados con el deterioro de los servicios públicos y 88 clasificados como desafíos al Estado policial. Dentro de esta última categoría fueron contabilizadas 24 protestas presenciales.
Que la inseguridad destaque entre las principales causas de preocupación resulta especialmente revelador. Durante décadas el discurso oficial cultivó la imagen de una Cuba pobre pero segura. Hoy esa percepción resulta cada vez más difícil de sostener frente a las denuncias de robos, asaltos, homicidios, feminicidios y otros hechos violentos. En octubre, Matanzas encabezó las denuncias de inseguridad recogidas por el OCC con 30 casos, seguida por La Habana con 22.
Las cifras requieren, sin embargo, una precisión. El OCC emplea dos sistemas de medición diferentes. Su registro detallado contabilizó los 542 eventos mencionados, mientras su serie histórica comparable registró 1.143 incidencias en octubre frente a 1.147 en septiembre. Ambos recuentos miden universos diferentes y no deben sumarse. Dentro de esta segunda metodología, las incidencias vinculadas a inseguridad aumentaron de 210 en septiembre a 275 en octubre y más que duplicaron las 134 registradas en octubre de 2025.
En un país donde las estadísticas públicas disponibles no permiten reconstruir por sí solas toda la dimensión de la violencia cotidiana, estos registros independientes sirven fundamentalmente para identificar tendencias y señales de deterioro. Otros recuentos difundidos durante 2026 apuntan también a un problema considerable: durante el primer semestre del año fueron documentados al menos 685 hechos violentos y 175 muertes asociadas a esos hechos, según información recogida por Martí Noticias.
Pero la inseguridad no puede analizarse aisladamente del deterioro general del país. Los apagones prolongados, la falta de agua, las deficiencias del transporte, las comunicaciones interrumpidas y la acumulación de basura forman una cadena en la que una crisis alimenta a la siguiente.
A finales de octubre, más de 2,7 millones de personas sufrían problemas graves con el abastecimiento de agua, según datos de directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos citados por medios independientes. En La Habana, más de 500.000 clientes estaban afectados por averías en sistemas de acueducto. Mientras tanto, testimonios procedentes de Holguín, Cienfuegos y Sancti Spíritus describían apagones de hasta 30 horas consecutivas.
La electricidad se ha convertido así en el hilo que conecta buena parte de la crisis. Sin corriente se afecta el bombeo de agua, se deterioran alimentos y medicamentos, se complican las comunicaciones y se paraliza parte de la actividad económica. La oscuridad de calles y barrios añade además otra sensación de vulnerabilidad a una población que ya manifiesta creciente preocupación por la delincuencia.
No sorprende entonces que una parte del malestar haya terminado trasladándose al espacio público. Durante octubre, el OCC documentó 24 protestas presenciales. Hubo cacerolazos en Cabañas, municipio de Mariel, los días 9 y 14, protestas en Santa Rita, en Jiguaní, y el cierre de la Avenida de Boyeros, en La Habana, mediante contenedores de basura el 30 de octubre.
Uno de los episodios más significativos ocurrió en Mayarí, Holguín, donde un grupo de mujeres bloqueó un puente. Según los reportes recogidos por el OCC, posteriormente se restableció la electricidad y se distribuyeron 14 libras de arroz por persona.
El hecho revela hasta qué punto la protesta social cubana está vinculada a necesidades elementales. No todas las personas que salen a reclamar lo hacen inicialmente con una consigna política. Muchas exigen corriente, agua, comida o respuestas de las autoridades. Pero en un sistema donde el Estado controla buena parte de los mecanismos de distribución y los servicios esenciales, una protesta contra un apagón o la ausencia de alimentos termina inevitablemente adquiriendo una dimensión política.
Es aquí donde aparece una de las contradicciones más graves del sistema cubano. Mientras las instituciones muestran crecientes dificultades para ofrecer servicios elementales y responder al deterioro de la seguridad ciudadana, el aparato estatal mantiene una considerable capacidad de vigilancia y represión.
El OCC registró 85 eventos represivos durante octubre y denunció igualmente restricciones de medicamentos y tratamientos a presos, así como aislamiento, castigos y otras presiones sobre prisioneros políticos. En un registro diferente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó haber documentado 3.051 acciones represivas durante los primeros nueve meses de 2026, incluidas 344 durante septiembre.
El contraste resulta difícil de ignorar: un Estado incapaz de garantizar plenamente electricidad, agua o seguridad conserva, sin embargo, recursos para contener el descontento político.
Tampoco debe interpretarse la reducción de 663 a 542 eventos registrada por el OCC como prueba automática de estabilidad. La propia serie histórica comparable permaneció prácticamente sin cambios, con 1.143 incidencias en octubre frente a 1.147 en septiembre. El Observatorio ya había planteado en su informe de septiembre que el agotamiento de una población obligada a dedicar tiempo y energía a conseguir alimentos, medicinas, transporte y agua podía influir en la disminución de las expresiones contestatarias.
Una sociedad exhausta puede protestar menos sin estar menos descontenta.
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