Washington. PLC | Una denuncia de extraordinaria gravedad sacude al Departamento de Estado de Estados Unidos. Diplomáticos de carrera que aspiraban a puestos de mayor responsabilidad habrían sido interrogados sobre una cuestión que, en un servicio exterior profesional, debería pertenecer exclusivamente al ámbito privado: a quién votaron en las elecciones presidenciales de 2016, 2020 y 2024.
La investigación publicada el 22 de octubre por The Washington Sun sostiene, citando a seis funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Estado conocedores de estas prácticas, que altos responsables habrían dejado claro que haber votado por Donald Trump era condición para acceder a determinados puestos diplomáticos de nivel medio y superior. También se habría advertido que las contribuciones electorales de los candidatos serían examinadas y que haber realizado donaciones a demócratas podría descartarlos. Tres de las seis fuentes consultadas dijeron haber hablado directamente con personas sometidas a esas preguntas.
La acusación es especialmente delicada porque alcanza el corazón del sistema profesional estadounidense: la diferencia entre los funcionarios de carrera y los cargos políticos que cada presidente tiene derecho a designar. La legislación federal protege a los primeros frente a decisiones de personal basadas en su afiliación política.
El Departamento de Estado, sin embargo, niega la acusación. Después de la publicación de la investigación, un portavoz rechazó como una “premisa absurda” que se esté preguntando a los funcionarios sobre sus afiliaciones políticas y, menos aún, que estas sean utilizadas para decidir ascensos. La Administración sostiene que el criterio es el mérito y no la antigüedad.
Y aquí comienza precisamente el verdadero debate.
El concepto introducido por el Departamento es el de “fidelidad”. Oficialmente, esa fidelidad significa respetar la Constitución y las leyes, servir a los intereses del pueblo estadounidense y ejecutar la política exterior del presidente. El Departamento insiste en que no se trata de comportamiento partidista, sino de garantizar que los funcionarios implementen la política exterior decidida por el Gobierno elegido. El secretario de Estado, Marco Rubio, según la versión oficial, estaría premiando el mérito y el desempeño demostrado en el cumplimiento de las prioridades de la Administración.
Pero el problema es que la discusión sobre la “fidelidad” no comenzó esta semana.
En julio de 2025, el Departamento incorporó esa noción a los criterios utilizados para evaluar el desarrollo profesional dentro del Servicio Exterior. Entre los nuevos estándares figuraban la protección y promoción del poder ejecutivo, la ejecución enérgica de la política gubernamental y, para funcionarios superiores, la capacidad de alinear rápidamente a sus equipos con los objetivos vigentes del Gobierno.
A finales de 2025 aparecieron otras señales controvertidas. La American Foreign Service Association denunció cambios sin precedentes en los procedimientos de promoción y señaló que el Departamento había realizado promociones retroactivas de unos 200 funcionarios después de modificar los criterios. También criticó la falta de transparencia sobre quién había recomendado algunas de esas promociones.
Por eso la controversia actual no puede reducirse simplemente a una pelea entre republicanos y demócratas. La cuestión fundamental es dónde termina la legítima autoridad presidencial sobre la política exterior y dónde comienza la politización de una institución profesional del Estado.
Un presidente tiene derecho a determinar la política exterior del país y los diplomáticos profesionales tienen la obligación de ejecutarla dentro de la Constitución y de la ley. Eso es muy distinto, sin embargo, a exigir que quienes ejecutan esa política compartan las preferencias electorales privadas del mandatario.
Si las denuncias de The Washington Sun se corroboran, esa frontera habría sido cruzada. No se estaría evaluando únicamente si un diplomático cumple profesionalmente las instrucciones de un Gobierno elegido, sino si anteriormente votó por el hombre que encabeza ese Gobierno. Una cosa es lealtad institucional; otra, muy distinta, lealtad personal.
La alarma ya ha llegado al Congreso. La senadora demócrata Jeanne Shaheen, principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que estos puestos, importantes para la seguridad nacional, deben cubrirse atendiendo a “la experiencia y capacidad” y no a la “lealtad política”. Añadió que el Senado está trabajando con la Cámara de Representantes y otros comités para investigar las denuncias.
La propia organización profesional de los diplomáticos también ha reaccionado. La American Foreign Service Association afirma haber recibido testimonios sobre altos funcionarios de carrera que no consiguieron determinados puestos después de entrevistas que contenían preguntas de carácter político y considera que semejante interrogatorio no tiene cabida en el servicio federal. Está estudiando posibles acciones legales.
Max Stier, presidente de Partnership for Public Service, fue aún más lejos. Calificó las actuaciones denunciadas como un desprecio “flagrante” de la legislación federal y advirtió que Estados Unidos corre el riesgo de regresar al spoils system, el viejo sistema de patronazgo político del siglo XIX en el que los empleos públicos se repartían en función de las lealtades políticas.
La comparación no es trivial. La profesionalización del servicio público estadounidense nació precisamente para separar el funcionamiento permanente del Estado de los intereses temporales del partido que conquistaba la Casa Blanca. La lógica es sencilla: los gobiernos cambian, pero el Estado continúa.
Para la diplomacia esa distinción resulta todavía más importante. Un funcionario de carrera puede haber servido bajo presidentes republicanos y demócratas durante décadas. Su cometido no consiste en votar por ellos, sino en representar profesionalmente a Estados Unidos y aplicar legalmente la política del Gobierno de turno.
Por eso, la pregunta decisiva que deja este episodio no es si Donald Trump y Marco Rubio tienen derecho a exigir que el Servicio Exterior ejecute su política. Por supuesto que lo tienen. La cuestión es si pueden convertir la adhesión política personal al presidente en un criterio para decidir quién prospera dentro de ese servicio.
Son dos conceptos radicalmente diferentes.
Si finalmente se demuestra que el voto privado y las donaciones políticas han sido utilizados para seleccionar diplomáticos de carrera, Estados Unidos se encontraría ante algo considerablemente más serio que una controversia administrativa: la sustitución gradual del mérito profesional por la obediencia partidista. Y una diplomacia diseñada para decirle siempre al poder lo que el poder desea escuchar puede ser extremadamente leal al gobernante, pero termina siendo mucho menos útil al Estado
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