Washington. PLC Análisis | La estrategia de presión de Estados Unidos contra el régimen cubano ha entrado en un terreno mucho más sensible. Washington no solo intenta debilitar económicamente al Gobierno mediante sanciones y aumentar su aislamiento político. Ahora busca algo potencialmente más perturbador para la estabilidad interna del sistema: encontrar funcionarios, militares y personas con acceso a información que estén dispuestos a colaborar con la inteligencia estadounidense.
La ofensiva dejó de ser discreta el pasado viernes, cuando el secretario de Estado Rubio hizo un llamado público a los cubanos interesados en promover un “cambio positivo” en la Isla para que consideraran una colaboración discreta con la CIA. La agencia divulgó posteriormente un mensaje en español dirigido a personas que consideren poseer información de interés para Estados Unidos.
El Comando Sur se incorporó después a la misma ofensiva política. Su comandante, el general Francis L. Donovan, afirmó que “el futuro de Cuba pertenece a quienes actúan” y volvió a poner el énfasis en la corrupción, las promesas incumplidas y la existencia de una élite privilegiada mientras buena parte de la población atraviesa graves dificultades.
La coincidencia de mensajes difícilmente puede verse como una acción aislada. Se produce después de que en agosto se conociera que la CIA había creado una fuerza especial dedicada específicamente a Cuba, concebida para concentrar más rápidamente recursos humanos, financieros y técnicos y buscar divisiones dentro de la élite gobernante. Según las informaciones publicadas entonces, la unidad incorporaba especialistas en reclutamiento de fuentes, análisis de inteligencia, operaciones cibernéticas e influencia encubierta.
La diferencia fundamental entre aquella información y lo sucedido ahora es la visibilidad. Una agencia de inteligencia normalmente intenta ocultar a quién pretende reclutar. Washington está haciendo parcialmente lo contrario: anuncia públicamente que busca personas dentro de Cuba dispuestas a colaborar.
Esa aparente contradicción puede tener una explicación política. El valor de la campaña no depende únicamente de cuántos informantes consiga reclutar la CIA. La sola posibilidad de que existan colaboradores dentro del aparato cubano puede sembrar sospechas entre funcionarios, militares y responsables de seguridad.
Es una interpretación, pero existen indicios de que precisamente las divisiones internas constituyen uno de los objetivos estadounidenses. Las informaciones publicadas en agosto sobre la nueva fuerza especial señalaron que su mandato incluía tratar de crear fisuras dentro de la élite política cubana y aumentar la presión para sustituir a dirigentes considerados intransigentes por figuras más pragmáticas y dispuestas a negociar con Washington.
La campaña actual tampoco surge de la nada. El director de la CIA, John Ratcliffe, realizó en mayo una inusual visita a La Habana y se reunió con altos responsables del aparato cubano, entre ellos el general de brigada Ramón Romero Curbelo, identificado como director de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. También participaron el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
El dato resulta revelador por otra razón. Washington está combinando aparentemente dos instrumentos que pueden parecer contradictorios: mantiene canales de comunicación con representantes del poder cubano y, paralelamente, intensifica su búsqueda de información y posibles fracturas dentro del mismo sistema. No son necesariamente estrategias incompatibles. Una negociación busca modificar decisiones desde arriba; la inteligencia intenta conocer qué ocurre detrás de las puertas cerradas y dónde están las debilidades del adversario.
La reacción del régimen ha sido inmediata.
El viceministro cubano de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío trató de ridiculizar la iniciativa, afirmando que debía existir “mucho desespero” en las filas de la CIA cuando necesitaba promocionar sus ofertas “como pasta de dientes”.
La burla pública, sin embargo, no elimina el problema que una iniciativa de esta naturaleza plantea para un régimen cuya supervivencia depende en buena medida de la cohesión de sus aparatos político, militar y de seguridad.
La pregunta incómoda no es únicamente quién podría contactar mañana con Washington, sino quién puede haberlo hecho ya.
Y ahí reside probablemente el componente psicológico más eficaz de la operación. La CIA no necesita demostrar públicamente que cuenta con informantes dentro de la estructura cubana. Precisamente porque una relación de inteligencia no se anuncia, la incertidumbre puede alimentar sospechas entre los propios dirigentes.
Pero tampoco debemos presentar la campaña estadounidense como prueba de una inminente fractura del régimen. No existen datos públicos que permitan saber cuántos cubanos han respondido al llamamiento de la CIA ni cuántos pertenecen realmente a estructuras sensibles del Estado. Tampoco hay evidencia pública suficiente para sostener que la cúpula se encuentre al borde de una ruptura.
Además, Washington entra en un terreno donde su historial cubano aconseja prudencia. La historia de la CIA en Cuba contiene fracasos muy serios, desde Bahía de Cochinos hasta importantes operaciones de contrainteligencia cubanas. La fuerza especial creada en 2026 ha sido comparada inevitablemente con aquella historia, aunque las informaciones sobre la nueva unidad señalan que su mandato actual es mucho más limitado y que no dispone de una fuerza cubana organizada comparable a la utilizada en 1961.
La Habana ha demostrado, además, una considerable capacidad para penetrar los esfuerzos estadounidenses de inteligencia. Por ello, cualquier intento de reclutamiento puede convertirse también en una oportunidad para que la contrainteligencia cubana trate de introducir agentes dobles y desinformación.
Pero el contexto de 2026 es diferente al de la Guerra Fría.
La presión estadounidense coincide ahora con una profunda crisis económica, prolongados apagones y una creciente frustración social. Las informaciones sobre la estrategia estadounidense sostienen que Washington considera esas tensiones una oportunidad para explotar posibles divisiones dentro de la estructura gobernante.
Este punto merece particular atención. Durante décadas, la dirigencia cubana ha conseguido trasladar a la población el coste de la crisis mientras preservaba la cohesión de las instituciones encargadas de defender el sistema. La estrategia estadounidense parece apostar a que esa ecuación puede empezar a quebrarse si la falta de recursos y las desigualdades alcanzan también a sectores intermedios del aparato estatal.
Que esa apuesta funcione es otra cuestión.
Un sistema autoritario no cae automáticamente porque su economía fracase, ni porque una parte de sus funcionarios esté descontenta. Posee instrumentos de vigilancia, control y represión precisamente para sobrevivir a esas circunstancias. La oposición cubana ha aprendido durante décadas que el deterioro económico no conduce necesariamente a una transición política.
Eso explica posiblemente parte del giro estadounidense. Según el reportaje publicado el 26 de octubre por Nora Gámez Torres, Washington observa las dinámicas internas mientras se ha desvanecido la expectativa de que las protestas de este año pudieran convertirse en una revuelta masiva capaz de precipitar el fin del régimen.
En otras palabras, si la presión desde la calle no consiguió provocar una ruptura, Washington mira ahora hacia las grietas dentro del edificio.
La estrategia tiene riesgos evidentes. El régimen utilizará el llamado de la CIA para alimentar nuevamente la narrativa de la “plaza sitiada”, justificar mayores controles internos y presentar cualquier oposición política como instrumento de Estados Unidos. También puede reforzar los argumentos propagandísticos de La Habana precisamente cuando Cuba vuelve a llevar ante Naciones Unidas su batalla anual contra el embargo.
Pero existe igualmente una diferencia fundamental respecto a anteriores momentos de la confrontación.
Washington parece haber llegado a la conclusión de que una transformación cubana difícilmente ocurrirá exclusivamente mediante sanciones económicas o protestas populares. Para cambiar el sistema sería necesario que, en algún momento, se produzcan también fracturas dentro de las instituciones encargadas de sostenerlo.
Es ahí donde debe entenderse el nuevo mensaje de la CIA.
No significa que el régimen cubano esté a punto de caer. No demuestra que exista una conspiración dentro de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior, ni que Washington disponga ya de una red decisiva dentro del poder.
Significa algo más concreto: Estados Unidos está intentando transformar el descontento interno del aparato cubano en una vulnerabilidad política y de inteligencia.
La batalla, por tanto, ya no se desarrolla únicamente entre Washington y La Habana. La nueva apuesta estadounidense pretende introducirla dentro del propio régimen.
Y esa puede ser precisamente la parte más inquietante para la cúpula castrista. Las sanciones pueden calcularse, las protestas pueden reprimirse y las declaraciones de Washington pueden responderse con propaganda. Mucho más difícil es gobernar cuando comienzan las dudas sobre la lealtad de quienes se encuentran al otro lado de la puerta.
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