La Habana. PLC | La devaluación del peso, el encarecimiento de los alimentos y la creciente dolarización están reduciendo los salarios y las pensiones cubanas a cifras prácticamente simbólicas. La crisis ya no puede medirse únicamente mediante estadísticas: se manifiesta en familias que cocinan con carbón, perforan pozos desesperadamente para conseguir agua y compran alimentos sin garantías de calidad.
El dólar estadounidense alcanzó el 27 de octubre un nuevo récord de 850 pesos en el mercado informal, 7,5 pesos más que en la jornada anterior. El euro se situó entonces en 932 pesos. La cifra confirma el deterioro acelerado de la moneda nacional y la creciente distancia entre quienes reciben divisas y quienes dependen exclusivamente de sus ingresos en pesos.
La inflación oficial interanual alcanzó en septiembre el 28,44 %, mientras los precios aumentaron un 3,37 % solamente durante ese mes y acumularon una subida del 24,85 % desde enero. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 42,66 % en un año y provocaron el 73,39 % de la variación mensual del índice de precios.
Estos datos proceden del mercado formal y, por tanto, no reflejan completamente lo que sucede en el circuito informal, donde se comercializa una parte considerable de los productos básicos. Expertos independientes citados por varios medios advierten que la inflación en ese mercado podría alcanzar niveles de tres dígitos.
La diferencia entre ingresos y precios muestra la verdadera magnitud del empobrecimiento. El salario medio mensual del sistema empresarial y presupuestado fue de 7.354 pesos en agosto. Sectores como la industria azucarera, la hostelería, el comercio, la educación y la cultura registraron remuneraciones todavía inferiores. Con el dólar informal a 850 pesos, el salario medio apenas equivale a unos nueve dólares.
No se trata solamente de que los precios aumenten. El problema es que numerosos bienes imprescindibles aparecen cada vez con mayor frecuencia en dólares, mientras el Estado paga salarios y pensiones en una moneda que pierde valor. El trabajador cobra en pesos, pero el gas, los alimentos importados, los medicamentos y numerosos servicios siguen el comportamiento de las divisas. Esa fractura convierte la supervivencia cotidiana en una carrera que el salario cubano tiene perdida de antemano.
En la Isla de la Juventud, una residente denunció que el precio de un balón de gas licuado adquirido desde el exterior para familiares aumentó de 50 a 89 dólares en los puntos de venta de Micro 70 y La Fe. La distribución estatal es tan irregular que las operaciones privadas pagadas en divisas ocupan el espacio abandonado por el sistema oficial.
En julio, el precio estatal quedó fijado en 35 pesos por kilogramo, equivalente a 350 pesos por un cilindro de diez kilogramos. Sin embargo, la escasa disponibilidad impide que ese precio oficial represente una solución real para las familias. Mientras en los documentos el gas continúa costando pesos, en la vida cotidiana puede terminar costando decenas de dólares.
La consecuencia es una involución social visible: hogares obligados a cocinar con carbón o leña en medio de apagones y desabastecimiento. No es un regreso voluntario a métodos tradicionales, sino el resultado de la incapacidad de un sistema que no garantiza electricidad ni combustible doméstico, pero permite que la alternativa aparezca dolarizada y fuera del alcance de trabajadores y jubilados.
En Las Tunas, conseguir agua también se ha convertido en un lujo. Perforar un pozo artesano cuesta alrededor de 20.000 pesos por metro. Un vecino citado por el periódico provincial 26 llevaba trece metros perforados sin encontrar agua, lo que representa un desembolso aproximado de 260.000 pesos sin ninguna garantía de éxito. En la provincia se han construido alrededor de 5.000 pozos particulares como respuesta a las deficiencias del abastecimiento.
La solución improvisada encierra, además, riesgos sanitarios. Las normas exigen una separación mínima de quince metros entre los pozos y las fosas o letrinas, una distancia difícil de garantizar en terrenos urbanos pequeños. Los laboratorios responsables tampoco cuentan con todos los recursos y reactivos necesarios para evaluar debidamente la calidad del agua extraída.
El derrumbe económico también deteriora la protección del consumidor. En Ciego de Ávila, una residente denunció haber comprado un envase de jugo de 200 mililitros que había vencido en abril. Al revisar productos similares en otro establecimiento, encontró cajas de un litro igualmente caducadas.
El episodio no parece aislado. Una inspección provincial detectó irregularidades en 1.337 de los 2.165 establecimientos revisados, equivalentes al 61,8 %. Entre las violaciones figuraban alimentos vencidos, precios considerados especulativos y ausencia de información visible para los consumidores. Las autoridades impusieron 1.141 multas, cerraron temporalmente 70 establecimientos y retiraron definitivamente seis proyectos.
En Holguín, el escritor José Poveda Cruz denunció que algunos comerciantes esconden productos esenciales para venderlos posteriormente a precios superiores. Después de recorrer varios establecimientos, consiguió una pastilla de jabón de lavar de 150 gramos por 700 pesos. También describió la venta fraccionada de carbón y un precio de alrededor de 1.200 pesos por kilogramo de azúcar importada.
Estas prácticas deben ser sancionadas cuando constituyen especulación o engaño, pero reducir el problema a la conducta individual de algunos comerciantes sería ocultar su origen. La especulación prospera donde existe escasez, incertidumbre y ausencia de una oferta estable. Cuando el Estado no garantiza productos básicos, cada mercancía retenida se convierte en instrumento de presión y cada necesidad insatisfecha, en oportunidad de enriquecimiento.
Las autoridades cubanas continúan presentando el deterioro económico como resultado casi exclusivo de las sanciones estadounidenses. Las restricciones externas influyen y no deben ignorarse, pero no explican por sí solas la improductividad, la ausencia de reformas eficaces, el control burocrático, la inseguridad para emprender, el fracaso de la infraestructura ni la pérdida de credibilidad de la moneda nacional. La crisis actual combina factores externos con decisiones económicas internas cuyos costos han sido trasladados sistemáticamente a la población.
La llamada Tarea Ordenamiento, aplicada desde 2021, tampoco consiguió estabilizar el sistema monetario. El cambio informal pasó por los 200 pesos por dólar en octubre de 2022, los 300 en febrero de 2024, los 400 en agosto de 2025, los 500 en febrero de 2026 y alcanzó los 850 pesos en octubre de este año.
El resultado es una Cuba dividida no solamente entre ricos y pobres, sino entre quienes tienen acceso a divisas y quienes carecen de ellas. Un familiar en el extranjero puede significar gas para cocinar, alimentos, medicinas o la reparación de una vivienda. Quien no recibe remesas queda atrapado en un salario que se deprecia antes de llegar a fin de mes.
El empobrecimiento cubano ya no es únicamente monetario. También es alimentario, energético, hidráulico y sanitario. Se expresa en la imposibilidad de comprar comida, en el uso del carbón para cocinar, en la búsqueda privada de agua y en la circulación de productos vencidos. Son escenas distintas de un mismo derrumbe: el de un modelo incapaz de garantizar las necesidades más elementales, pero decidido a conservar intacto el monopolio político responsable de administrarlo.
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