La Habana. PLC Análisis | La pérdida del poder adquisitivo, el encarecimiento de los alimentos y las crecientes dificultades para acceder a medicamentos y servicios esenciales han convertido la economía doméstica en una lucha cotidiana para numerosos cubanos. Trabajadores estatales y jubilados, dos pilares de la vida social del país, afrontan una pregunta cada vez más difícil de responder: ¿de qué sirve trabajar durante décadas si el salario o la pensión no garantizan una vida digna?
La inflación en Cuba no puede comprenderse únicamente mediante estadísticas, porcentajes o explicaciones oficiales. Su dimensión más dramática está en la vida cotidiana, en los hogares obligados a distribuir ingresos insuficientes entre necesidades que no pueden posponerse indefinidamente.
Está en el trabajador que cobra su salario y calcula cuánto puede destinar a comer. En el jubilado que compara el precio de los medicamentos con el dinero que le queda. En la familia que aplaza una reparación de la vivienda porque antes debe comprar alimentos o resolver una necesidad más urgente.
El problema no consiste solamente en que los precios aumenten. Consiste, sobre todo, en que los ingresos han perdido capacidad para responder al costo real de la vida. Cuando los precios avanzan más rápidamente que los salarios y las pensiones, recibir más pesos no significa necesariamente vivir mejor. El dinero aumenta nominalmente mientras disminuye lo que puede comprarse con él.
Ahí la inflación deja de ser un fenómeno estrictamente económico para convertirse también en un problema social y político.
La crisis cubana responde a una combinación de factores: insuficiente producción nacional, dificultades de abastecimiento, desequilibrios monetarios y fiscales, depreciación de la moneda, escasez de divisas, problemas energéticos y deficiencias en los mecanismos de distribución.
Una economía que produce menos de lo que necesita se vuelve cada vez más dependiente de las importaciones. Si a ello se añaden restricciones financieras y comerciales, falta de divisas y una estructura productiva incapaz de cubrir las necesidades internas, el resultado termina reflejándose en la disponibilidad y el precio de los productos.
Las sanciones estadounidenses forman parte de ese contexto e imponen obstáculos y costos a determinadas operaciones comerciales y financieras. Pero reconocer su incidencia no significa convertirlas en la explicación universal de los problemas económicos de Cuba.
Un análisis riguroso obliga igualmente a examinar las decisiones adoptadas dentro del país, la política monetaria, el gasto público, los incentivos a la producción, la eficiencia empresarial y la capacidad de las autoridades para corregir los desequilibrios acumulados. Atribuir toda la crisis a factores externos impide evaluar las responsabilidades internas. Ignorar las restricciones externas produciría, por otra parte, un diagnóstico igualmente incompleto.
Pero para quienes viven de un salario o de una pensión, el debate sobre las causas tiene un límite muy concreto: la mesa familiar.
Maestros, médicos, enfermeros, obreros, técnicos y empleados públicos desempeñan funciones esenciales. Sin embargo, la importancia social de esas actividades no garantiza que quienes las realizan puedan satisfacer sus necesidades con los ingresos que reciben.
Un salario debería permitir afrontar alimentación, transporte, higiene, ropa, vivienda y otros gastos elementales, además de reservar cierto margen para imprevistos o ahorro. Cuando prácticamente todo el ingreso se consume en sobrevivir, desaparece la posibilidad de planificar el futuro.
La consecuencia no es únicamente material. También afecta la motivación laboral. Cuando la preparación profesional, la responsabilidad y el esfuerzo dejan de encontrar una compensación económica suficiente, aumenta el incentivo para buscar otras fuentes de ingresos o abandonar empleos esenciales. De esa manera, la insuficiencia salarial puede terminar debilitando los mismos servicios que el Estado necesita preservar.
Esa es una de las grandes contradicciones de la crisis cubana: el país necesita del trabajador estatal para mantener buena parte de sus servicios, pero ese trabajador encuentra cada vez más dificultades para vivir exclusivamente de su salario.
Trabajar debería proporcionar estabilidad y autonomía, no convertirse en un ejercicio permanente de administración de la escasez.
Más vulnerable todavía es la situación de muchos jubilados.
Después de décadas de trabajo, la jubilación debería ofrecer un mínimo de seguridad económica. Sin embargo, cuando una pensión pierde capacidad de compra, alimentación, medicamentos, transporte y mantenimiento de la vivienda dejan de ser gastos ordinarios y se transforman en decisiones difíciles que compiten entre sí.
Para quienes padecen enfermedades crónicas, necesitan medicamentos de manera continuada o tienen problemas de movilidad, la situación puede ser particularmente dura.
Algunos reciben ayuda de sus familiares. Otros dependen de remesas enviadas desde el exterior. Pero estas alternativas no están al alcance de todos y, sobre todo, no pueden sustituir un sistema de protección social capaz de garantizar condiciones mínimas a quienes han trabajado durante toda una vida.
La posibilidad de envejecer dignamente no debería depender de tener familiares emigrados, recibir divisas del extranjero o verse obligado a buscar ingresos adicionales durante la vejez.
Una pensión, como un salario, no puede juzgarse únicamente por la cantidad de pesos que figura en un comprobante de pago. Su verdadero valor está determinado por los alimentos, medicamentos, servicios y necesidades que permite cubrir.
Ahí aparece una pregunta política ineludible: ¿hasta qué punto puede considerarse eficaz un sistema de protección social cuando una parte de sus adultos mayores necesita recurrir a ayudas extraordinarias para cubrir gastos básicos?
La inflación agrava además las desigualdades existentes. No todos los cubanos afrontan la crisis desde la misma posición.
Quienes reciben remesas, poseen ahorros en divisas o disponen de otras fuentes de ingresos tienen mayor capacidad para compensar el encarecimiento de la vida. Quienes dependen exclusivamente de un salario estatal o de una pensión fija cuentan con un margen mucho menor.
Así se ensancha la distancia entre hogares que pueden tener necesidades semejantes, pero recursos radicalmente diferentes para resolverlas. La desigualdad no se expresa solamente en cuánto dinero posee cada persona, sino en la seguridad con la que puede organizar su vida, afrontar una enfermedad, reparar su vivienda o responder ante una emergencia.
Cuando prácticamente todos los ingresos se destinan a sobrevivir, el futuro desaparece de la economía familiar. No hay ahorro, capacidad de inversión ni colchón frente a un imprevisto. La vida queda reducida a resolver el día siguiente.
Por eso, frente a esta realidad, no basta con anunciar incrementos salariales, reajustes de pensiones o nuevas medidas económicas. Lo decisivo es comprobar si esas decisiones aumentan realmente la capacidad de compra de la población.
Un aumento nominal de los ingresos puede resultar irrelevante si los precios crecen al mismo ritmo o más rápidamente. La pregunta correcta no es cuánto subió el salario, sino cuánto puede comprarse con él.
La recuperación del poder adquisitivo requiere una estrategia más amplia: aumentar la producción nacional, mejorar el abastecimiento, corregir desequilibrios monetarios y fiscales, establecer incentivos eficaces para producir y trabajar y proteger de manera específica a los sectores más vulnerables.
También exige transparencia. La población necesita información confiable sobre precios, salarios, pensiones y resultados de las políticas adoptadas. Gobernar una crisis económica no consiste únicamente en explicar sus causas. Implica reconocer errores, evaluar decisiones y rectificar aquellas que no producen los resultados esperados.
Una política económica debe juzgarse por sus consecuencias sobre la sociedad, no por sus intenciones declaradas.
Cuba necesita recuperar su capacidad productiva y crear condiciones para que trabajar vuelva a tener sentido económico. Necesita pensiones cuyo valor no quede pulverizado por el aumento del costo de la vida. Necesita mecanismos de protección dirigidos especialmente a los adultos mayores que viven solos y a los hogares sin ingresos complementarios.
Nada de esto puede resolverse de la noche a la mañana. Las restricciones externas existen y condicionan el margen de maniobra de la economía cubana. Pero reconocerlas no elimina la obligación de examinar las decisiones internas, corregir políticas fallidas y exigir resultados.
Después de años de deterioro, la población necesita algo más que explicaciones.
Para el trabajador, la cuestión fundamental es que su esfuerzo permita sostener una vida digna. Para el jubilado, que décadas de trabajo se traduzcan en una vejez con seguridad y autonomía. Para las instituciones, el desafío es demostrar que las políticas económicas pueden producir mejoras perceptibles en la vida cotidiana.
Porque cuando trabajar ya no garantiza vivir del salario y jubilarse significa depender de familiares, remesas o privaciones, la inflación deja definitivamente de ser una discusión sobre cifras.
Se convierte en una cuestión de dignidad, justicia social y responsabilidad política.
La verdadera medida de una economía no está en cuántos pesos reciben sus trabajadores y jubilados, sino en cuánto pueden vivir con ellos.
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