La Habana. PLC Análisis | Hay expresiones que no se utilizan para describir la realidad, sino para deformarla. «Mafia anticubana» es una de ellas. Durante décadas, el Gobierno de La Habana ha recurrido a este calificativo para referirse a sectores del exilio cubano radicado en Estados Unidos, especialmente a quienes defienden una política de presión contra el sistema político de la isla y reclaman el fin de la dictadura.
Pero detrás de esa etiqueta hay una pregunta que el discurso oficial prefiere esquivar: ¿por qué tantos cubanos han abandonado su país y por qué muchos de quienes se establecieron en Estados Unidos continúan dedicando esfuerzos, recursos y años de sus vidas a la causa de una Cuba libre?
Reducir esa historia a una supuesta conspiración mafiosa no es un ejercicio de rigor político. Es una manera de deslegitimar al adversario sin tener que responder a sus argumentos.
El exilio que el poder pretende descalificar
El exilio histórico cubano no surgió de la nada. Sus raíces se encuentran en las rupturas políticas posteriores a 1959, las confiscaciones, la pérdida de libertades, la persecución de adversarios políticos y las sucesivas oleadas migratorias que llevaron a numerosas familias a rehacer sus vidas fuera de Cuba.
Muchos llegaron a Estados Unidos con escasos recursos, separados de sus familiares y obligados a comenzar desde cero. Con el paso del tiempo construyeron negocios, asociaciones, medios de comunicación, organizaciones cívicas y espacios de participación política. Una parte de esa comunidad convirtió su experiencia del destierro en una causa: contribuir a que Cuba recupere las libertades que considera perdidas.
El exilio histórico no constituye una organización única ni responde a una sola estrategia. En su seno conviven posiciones muy diferentes sobre las sanciones, la negociación, la presión internacional y las vías para alcanzar una transición democrática. Sin embargo, para una parte importante de sus integrantes existe un punto de coincidencia: la necesidad de que sean los propios cubanos quienes puedan decidir libremente el futuro de su país.
Descalificarlos bajo el rótulo genérico de «mafia» significa ignorar esa diversidad y borrar una parte esencial de la historia contemporánea cubana.
¿Quién decide quién es enemigo de Cuba?
Uno de los recursos más persistentes del discurso oficial consiste en identificar los intereses del Gobierno con los intereses de la nación. Bajo esa lógica, quien se enfrenta al poder termina presentado como enemigo de Cuba, aunque sus reclamaciones se formulen precisamente en nombre de los derechos y las libertades de los cubanos.
Pero Cuba no es propiedad de un partido, de un Gobierno ni de una familia política. Es una nación cuyos ciudadanos, dentro y fuera de sus fronteras, tienen derecho a participar en el debate sobre su futuro.
El exiliado que denuncia la represión, financia iniciativas cívicas, reclama la liberación de presos políticos o presiona a gobiernos democráticos para que exijan cambios en La Habana no pierde su condición de cubano por vivir fuera de la isla. Tampoco renuncia a sus derechos políticos por discrepar de quienes gobiernan su país.
Residir en Estados Unidos no convierte automáticamente a nadie en defensor de la democracia, del mismo modo que vivir en Cuba no obliga a respaldar al poder establecido. Las ideas y las acciones deben juzgarse por sus propios méritos, no por el lugar de residencia ni por las etiquetas impuestas desde el poder.
La presión internacional también es una forma de acción política
Las diferencias sobre cómo propiciar una transición en Cuba son legítimas. Hay quienes defienden el diálogo, quienes apuestan por sanciones económicas o medidas dirigidas contra funcionarios y quienes consideran imprescindible mantener una presión internacional sostenida.
Estas estrategias pueden y deben examinarse por sus resultados, sus consecuencias sobre la población y su capacidad para favorecer una apertura democrática. Las sanciones generales, en particular, plantean debates legítimos sobre sus efectos y su eficacia política. Defender el derecho del exilio a intervenir en el debate sobre Cuba no exige considerar acertadas todas sus propuestas ni ignorar las consecuencias que determinadas medidas puedan tener sobre los ciudadanos de la isla.
Sin embargo, tampoco resulta razonable sostener que ejercer presión política sobre un Gobierno constituya, por sí mismo, una conducta mafiosa. Las campañas públicas, el cabildeo ante el Congreso estadounidense, las denuncias internacionales y las exigencias de rendición de cuentas forman parte de la actividad política de una sociedad democrática, siempre que se desarrollen dentro de la ley.
Si existen acusaciones concretas de violencia, corrupción o actividades criminales, deben investigarse y demostrarse. La responsabilidad individual no puede ser sustituida por una condena colectiva basada en el lugar de residencia, la procedencia o la orientación política.
Lo que el calificativo intenta ocultar
La expresión «mafia anticubana» cumple una función que va mucho más allá de la confrontación verbal: transforma una disputa política en una supuesta batalla entre la nación y un enemigo externo.
Ese encuadre permite al Gobierno presentar las presiones internacionales como agresiones contra el pueblo cubano y relegar las demandas que las motivan. También facilita que las críticas procedentes del exilio sean desestimadas sin responder a las denuncias sobre la falta de libertades, la represión política, el encarcelamiento por motivos políticos y la ausencia de una competencia política plural.
Nada de esto significa que toda denuncia procedente del exilio sea necesariamente cierta ni que cada iniciativa promovida desde el exterior responda a intereses altruistas. Significa algo mucho más elemental: las acusaciones deben probarse y los argumentos deben discutirse. Un calificativo despectivo no sustituye a las evidencias.
Existe, además, una diferencia fundamental entre defender la soberanía nacional y utilizarla como justificación para impedir que los ciudadanos cuestionen a sus gobernantes. La soberanía pertenece a la nación, no exclusivamente a quienes ejercen el poder.
Una causa que trasciende las fronteras
El futuro de Cuba no debería decidirse mediante imposiciones externas, pero tampoco puede quedar reservado a quienes controlan las instituciones del Estado. Una transición democrática auténtica requiere que los cubanos de dentro y fuera del país puedan participar, organizarse, expresarse y defender sus propuestas sin temor a represalias.
El exilio tiene derecho a formar parte de ese proceso. Su experiencia, sus recursos, sus organizaciones y sus vínculos internacionales pueden contribuir a la reconstrucción de una sociedad afectada por décadas de crisis económica, fractura social y confrontación política. Esa contribución será tanto más valiosa cuanto mayor sea su compromiso con el pluralismo, los derechos humanos y el respeto a las decisiones libres de los ciudadanos.
Quienes abandonaron Cuba no dejaron necesariamente atrás su compromiso con ella. Para muchos, la distancia geográfica no significó indiferencia, sino que se convirtió en una razón adicional para insistir en la necesidad de un cambio.
Por eso, cuando el poder cubano habla de una «mafia anticubana», conviene mirar más allá del eslogan y examinar los hechos, las trayectorias y las demandas de las personas a las que pretende descalificar.
La verdadera discusión no consiste en decidir quién merece una etiqueta concebida para la confrontación política. Consiste en reconocer que ningún Gobierno tiene el monopolio de la patria y que ningún cubano pierde el derecho a defender la libertad de su país por haber tenido que construir su vida fuera de él.
Cuba no es patrimonio de quienes la gobiernan. También pertenece a quienes tuvieron que marcharse, a quienes resisten dentro de la isla y a quienes continúan reclamando, desde cualquier lugar del mundo, el derecho de los cubanos a decidir libremente su futuro.
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