Estocolmo. PLC | La represión contra el periodismo independiente en Cuba no disminuye: cambia de métodos y se diversifica. Esa es una de las principales conclusiones que se desprenden del informe sobre la Isla aprobado durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada del 22 al 25 de octubre en Bogotá, donde la organización denunció “patrones persistentes y nuevas modalidades de restricción a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo”.
El informe describe un panorama en el que las autoridades cubanas recurren de manera creciente a mecanismos policiales y judiciales contra periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan sobre la situación del país. Según la SIP, esas prácticas se manifiestan mediante detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales.
Pero la presión no termina ahí. El documento también señala limitaciones legales, administrativas y tecnológicas, prohibiciones de salida del país para personas calificadas como “reguladas”, dificultades de acceso al papel y problemas de conexión a internet.
El caso que la organización considera de “mayor gravedad” es el de Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la propia SIP. El periodista permanece en prisión provisional en Kilo 7, cárcel de máxima seguridad de Camagüey.
Constantín fue detenido el 16 de septiembre y está acusado de “desobediencia”. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las autoridades sostienen que incumplió una citación, mientras el periodista afirma que sí acudió, pero que los funcionarios ya se habían retirado. Un recurso de habeas corpus presentado en su favor fue rechazado.
La situación se agravó posteriormente. Según la información recogida tras la asamblea de la SIP, funcionarios penitenciarios afirmaron haber encontrado un cuchillo artesanal entre las pertenencias del periodista durante una requisa. Constantín lo negó y sostuvo que el objeto había sido colocado para incriminarlo. Después fue enviado a una celda de castigo y perdió temporalmente visitas familiares y llamadas telefónicas.
La SIP aprobó una resolución reclamando su liberación inmediata y denunció específicamente la intensificación de las detenciones, citaciones, vigilancia, restricciones de movimiento y procesos penales contra quienes ejercen el periodismo independiente o difunden información de interés público.
La organización también menciona a Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico (El Cuartico), quienes permanecen encarcelados por causas relacionadas con videos de análisis y sátira política. El informe encuadra sus casos dentro de una “criminalización” de los espacios de opinión en las redes sociales.
Otro elemento especialmente grave es el uso de condenas y procesos contra personas cuya actividad comunicativa se desarrolla fundamentalmente en las redes. La SIP cita a Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente, sancionadas el 1 de octubre a dos años de “limitación de libertad” después de grabar y difundir un video de un suboficial del Ministerio del Interior que acudió a su domicilio para entregar una citación.
También aparecen en el informe los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas, así como Mayelín Rodríguez Prado, que no es periodista y cumple una condena de 15 años después de entrevistar a menores durante una manifestación.
El panorama descrito por la SIP apunta así a un fenómeno de mayor alcance: en la Cuba actual, la frontera entre periodista, creador digital, activista y ciudadano que documenta acontecimientos públicos es cada vez menos relevante ante el aparato represivo cuando lo que se divulga contradice o cuestiona la versión oficial.
A ello se añade el marco jurídico. La resolución de la SIP señala que el Decreto 160/2026, vigente desde comienzos de agosto, refuerza el control estatal al restringir las posibilidades de formalización de medios independientes y mantener bajo control estatal actividades vinculadas al periodismo, las agencias de noticias y la radiodifusión.
La coincidencia política es particularmente significativa. Mientras La Habana prepara en Naciones Unidas su habitual ofensiva diplomática para denunciar las sanciones de Estados Unidos y reclamar derechos frente a Washington, organizaciones internacionales vuelven a señalar al Gobierno cubano por las restricciones que impone dentro de sus propias fronteras.
No se trata de negar el debate internacional sobre las sanciones estadounidenses. Se trata de advertir una contradicción mucho más difícil de ocultar: un Estado puede reclamar derechos soberanos ante otros Estados, pero esa reclamación no lo exime de respetar las libertades de sus propios ciudadanos.
En Cuba, además, ejercer periodismo fuera de los medios controlados por el Estado significa trabajar sin las garantías que en una democracia deberían proteger precisamente a quien investiga, pregunta, documenta y critica.
El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa plantea por ello una realidad que trasciende los casos individuales: controlar la información continúa siendo una pieza esencial del sistema político cubano.
Cuando un Gobierno posee los principales medios, restringe la existencia legal del periodismo independiente y, según la principal organización continental de prensa, utiliza mecanismos policiales y judiciales contra quienes informan al margen de sus estructuras, el problema ya no consiste únicamente en censurar una noticia.
Consiste en decidir quién tiene derecho a contar la realidad cubana.
Y cada periodista encarcelado, interrogado, “regulado” o sometido a un proceso judicial demuestra que esa batalla por contar Cuba continúa abierta.
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