¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD REAL DE LA CRISIS EN CUBA? LOS DATOS QUE PONEN AL ESTADO BAJO ESCRUTINIO
CUBA-CRISIS
Antonio Suárez Fonticiella – Prensa Libre Cuba – Análisis
La Habana. PLC | Apagones que paralizan la vida cotidiana, alimentos cada vez más difíciles de conseguir, servicios públicos deteriorados y ciudadanos que salen a protestar sin saber cómo terminará la jornada. Esta es la realidad que enfrenta Cuba, mientras crece una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto puede atribuirse la crisis a las sanciones estadounidenses y cuánto corresponde a las decisiones del propio Gobierno?
Un informe presentado por Raíces de Esperanza en España, en el contexto del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, intenta responder a esa pregunta mediante un análisis de la situación cubana durante 2024-2026.
La presentación, titulada Un análisis sistemático de los derechos humanos en Cuba: el rostro de los datos, expone cinco grandes áreas de preocupación: la represión, la militarización de la vida civil, las deficiencias del sistema judicial, el deterioro de los derechos sociales y las consecuencias de la crisis para los sectores más vulnerables.
La crisis alimentaria: ¿qué responsabilidad tiene el Estado?
Uno de los datos más llamativos de la presentación se refiere a las causas de la crisis alimentaria. Según la gráfica mostrada por la organización, el 79,76 % atribuye la situación a deficiencias en la administración estatal, frente al 6,45 % que señala el embargo estadounidense como causa principal.
La diferencia es considerable y sitúa en el centro del debate la gestión económica interna.
Cuba tiene problemas estructurales que no pueden analizarse únicamente desde la política de Washington: baja productividad agrícola, dificultades para abastecer los mercados, deterioro de la infraestructura y limitaciones para desarrollar plenamente las capacidades productivas del país.
La presentación también sostiene que la producción de arroz, leche y carne de cerdo cayó cerca de un 90 %. Se trata de una afirmación que, por su magnitud, merece especial atención y cuya metodología, período de comparación y fuente estadística deben examinarse antes de tomarla como una cifra definitivamente comprobada.
Estos datos reflejan un deterioro profundo de la producción nacional de alimentos y obligarían a examinar las políticas agrícolas, las inversiones y la gestión de los recursos.
Las sanciones externas pueden afectar la economía cubana, pero no eliminan la obligación del Gobierno de explicar sus decisiones y rendir cuentas por los resultados de su administración.
La electricidad: un país sometido a apagones prolongados
La crisis energética constituye otro de los puntos centrales del informe.
Según la presentación, julio de 2026 fue el peor mes eléctrico de la historia de Cuba, con 2.341 megavatios que no estaban disponibles para producir electricidad.
La cifra apunta a la gravedad de una infraestructura energética deteriorada, marcada por averías, falta de mantenimiento y dificultades para disponer del combustible necesario para mantener la generación.
Las consecuencias van mucho más allá de la ausencia de luz. Los apagones afectan la conservación de alimentos, el funcionamiento de hospitales y centros de trabajo, la educación y las posibilidades de muchas familias de desarrollar una vida normal.
También incrementan las tensiones sociales en un país donde los ciudadanos enfrentan dificultades económicas cada vez mayores.
La cuestión fundamental es qué parte de este deterioro responde a las restricciones externas y qué parte está relacionada con años de decisiones de inversión, mantenimiento y administración adoptadas por las autoridades cubanas.
Responder con rigor exige examinar las causas concretas de la indisponibilidad de cada instalación. Pero también exige transparencia sobre las prioridades de inversión y los recursos destinados a resolver el problema.
Protestar por los apagones también tiene consecuencias
El documento presentado por Raíces de Esperanza en España dedica especial atención a la represión de las protestas.
Según las cifras exhibidas, durante junio de 2026 se registraron 253 protestas. Otra diapositiva menciona 254 víctimas en 51 municipios y señala que el 48 % de las personas afectadas en ese mes no tenía vínculos políticos, sino que eran ciudadanos que protestaban por los apagones.
Estos datos, tal como aparecen en la presentación, plantean una cuestión importante: las manifestaciones motivadas por necesidades básicas no pueden reducirse automáticamente a una confrontación entre el Gobierno y sus adversarios políticos.
Cuando una persona protesta porque lleva días sin electricidad, no puede alimentar adecuadamente a su familia o carece de servicios esenciales, está expresando un problema que afecta directamente su vida.
El Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales, incluso cuando enfrenta manifestaciones críticas. Cualquier denuncia de detenciones arbitrarias, violencia o represalias debe investigarse mediante información verificable y mecanismos independientes.
La presentación también muestra la cifra de 1.306 personas presas por motivos políticos. Antes de utilizar ese número como un total definitivo, es necesario precisar la fecha exacta del registro, los criterios empleados para clasificar los casos y la fuente que respalda el recuento.
Aun así, las denuncias sobre personas encarceladas por motivos políticos constituyen un asunto que merece escrutinio internacional y respuestas concretas de las autoridades cubanas.
Militarización y justicia bajo cuestionamiento
Otro de los cinco hallazgos del informe cuestiona la presencia de estructuras militares en la vida civil.
Según la organización, desde el 17 de enero de 2026 existen estructuras militares que intervienen en la vida civil sin límites temporales claros, notificación internacional ni mecanismos suficientes de control judicial o parlamentario.
La presentación también denuncia que civiles son procesados ante tribunales militares, que el recurso de habeas corpus encuentra obstáculos en la práctica y que determinadas fianzas pueden alcanzar los 200.000 pesos, frente a un salario mínimo de 2.100 pesos.
Estas afirmaciones deben examinarse a partir de la legislación aplicable y de casos documentados. Sin embargo, plantean una preocupación esencial: el acceso a la justicia y las garantías procesales no deberían depender de la posición política de una persona ni de su capacidad económica.
Una justicia independiente debe ofrecer protección frente a posibles abusos del poder, garantizar el derecho a la defensa y permitir que las actuaciones de las autoridades puedan ser cuestionadas legalmente.
El informe también menciona restricciones a la prensa independiente, dificultades para acceder a mecanismos de protección judicial y obstáculos para la labor de relatores internacionales sobre derechos humanos.
La cuestión de fondo es si los ciudadanos disponen de garantías efectivas para denunciar abusos y obtener una respuesta imparcial.
Mujeres y grupos vulnerables: una crisis con consecuencias desiguales
La presentación aborda, además, el impacto de la crisis y de la violencia sobre mujeres, personas afrodescendientes, adultos mayores, menores de edad y personas encarceladas.
Entre sus datos, la organización menciona 315 feminicidios verificados entre 2019 y 2025.
Esta cifra debe atribuirse al registro utilizado por la entidad y contrastarse con la metodología y las fuentes de los casos incluidos. Su relevancia radica en que la violencia contra las mujeres exige prevención, protección efectiva, atención a las víctimas y mecanismos de rendición de cuentas.
La falta de recursos, las dificultades para acceder a servicios y la ausencia de redes suficientes de apoyo pueden agravar la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan situaciones de riesgo.
Una política pública eficaz debe garantizar protección sin discriminación y ofrecer información transparente sobre la magnitud de estos problemas y las medidas adoptadas para combatirlos.
¿Qué ocurriría si desaparecieran las sanciones?
La presentación de Raíces de Esperanza en España plantea una pregunta que va al centro del debate: ¿desaparecerían todos estos problemas si se eliminaran las sanciones estadounidenses?
La respuesta exige distinguir entre las consecuencias de las restricciones externas y aquellas relacionadas con decisiones internas.
Las sanciones pueden imponer obstáculos comerciales y financieros y dificultar determinadas operaciones económicas. Su impacto concreto debe analizarse con datos y atendiendo a las medidas específicas que permanecen vigentes.
Pero la existencia de sanciones no obliga, por sí misma, a encarcelar a opositores, restringir la libertad de expresión, impedir protestas pacíficas o limitar las garantías judiciales.
Tampoco explica por sí sola todas las decisiones adoptadas en materia de producción agrícola, mantenimiento eléctrico, administración de empresas estatales o distribución de recursos.
Por ello, atribuir toda la crisis a un único factor resulta insuficiente. La responsabilidad debe evaluarse mediante hechos, políticas concretas y resultados verificables.
La responsabilidad de gobernar no puede eludirse
El debate sobre Cuba no debería convertirse en una competencia de consignas. Necesita datos públicos, fuentes identificables y explicaciones que puedan contrastarse.
La presentación de Raíces de Esperanza en España coloca sobre la mesa cifras y denuncias que merecen ser examinadas. Para establecer conclusiones definitivas, es indispensable consultar el informe original, verificar los registros citados y conocer las metodologías utilizadas.
Pero hay una cuestión que permanece: las autoridades cubanas ejercen el poder político y controlan una parte determinante de la economía nacional. Por tanto, tienen la responsabilidad de explicar sus decisiones, administrar los recursos con transparencia y garantizar los derechos de la población.
Las restricciones externas forman parte del contexto económico, pero no pueden servir como explicación automática de cada fracaso ni como sustituto de la rendición de cuentas.
Cuando una población pasa horas sin electricidad, tiene dificultades para conseguir alimentos y medicamentos y teme las consecuencias de expresar su descontento, la discusión sobre las causas de la crisis deja de ser una cuestión abstracta. Se convierte en una exigencia de respuestas.
Cuba necesita soluciones verificables, instituciones que rindan cuentas y garantías para que sus ciudadanos puedan exigir cambios sin miedo.
La pregunta inicial sigue vigente: ¿quién es responsable de la crisis?
Los datos presentados por la organización apuntan a múltiples factores, pero sitúan bajo especial escrutinio las decisiones del Estado cubano. Corresponde ahora contrastar cada cifra, examinar las políticas aplicadas y exigir explicaciones a quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Sé el primero en comentar