Estocolmo. PLC Análisis | La Cancillería cubana admite que ciudadanos de la isla combaten en las filas rusas contra Ucrania, pero insiste en que ninguno cuenta con el estímulo, el apoyo o el consentimiento del Estado. Esa defensa, repetida desde 2023, resulta cada vez más difícil de sostener ante la acumulación de contratos, pasaportes, testimonios, investigaciones periodísticas y documentos de la inteligencia ucraniana.
La información disponible no permite afirmar todavía que exista una orden pública del Gobierno cubano para enviar tropas regulares a Ucrania. Tampoco demuestra que todos los combatientes hayan sido seleccionados directamente por las autoridades de La Habana. Pero sí dibuja un mecanismo sostenido de reclutamiento que difícilmente habría podido mantenerse durante años sin conocimiento, tolerancia o facilitación por parte de un Estado que controla los pasaportes, las fronteras, los desplazamientos internacionales y la actividad política de sus ciudadanos.
Ucrania ha documentado más de mil contratos firmados por cubanos con las fuerzas armadas rusas entre 2023 y 2025. En octubre de 2025, su inteligencia militar informó de 1.076 ciudadanos identificados y 96 muertos o desaparecidos. Estas son cifras respaldadas por documentación individual, no estimaciones generales. Los cálculos sobre el número total son más elevados y variables, pero incluso el mínimo acreditado revela que no se trata de varias decenas de aventureros contratados al margen de ambos gobiernos.
El Departamento de Estado estadounidense concluyó en un informe remitido al Congreso que el reclutamiento no fue una operación aislada, sino una ruta sostenida mediante la cual numerosos cubanos terminaron incorporados al Ejército ruso. Algunos viajaron voluntariamente atraídos por salarios y ciudadanía; otros aseguran que recibieron ofertas de trabajo en la construcción y solo después descubrieron que serían enviados al frente. Cuba’s Involvement and Contribution to Russia’s War in Ukraine
La explicación oficial comenzó a resquebrajarse desde el momento en que La Habana anunció en 2023 el supuesto desmantelamiento de una red de trata y el arresto de 17 personas, mientras los viajes y los contratos continuaban. Si la red había sido neutralizada, el Gobierno debe explicar por qué el flujo persistió. Si no pudo detenerla, tendría que reconocer un fracaso extraordinario de sus órganos de inteligencia. Y si conocía la continuidad del reclutamiento, su silencio se aproxima más a la tolerancia que a la ignorancia.
También resulta reveladora la contradicción entre las declaraciones oficiales. Mientras la Cancillería condenaba el mercenarismo, el embajador cubano en Moscú afirmó que su Gobierno no tenía nada contra quienes firmaran legalmente contratos con el Ejército ruso. De ese modo, La Habana establecía una diferencia conveniente: perseguía al supuesto mercenario clandestino, pero aceptaba al cubano incorporado contractualmente a las fuerzas armadas de un país invasor.
Las investigaciones también han recogido denuncias sobre pasaportes expedidos con rapidez y documentos de viaje que presuntamente no fueron sellados al salir de Cuba. Esas acusaciones todavía necesitan una comprobación judicial independiente, pero coinciden con un dato incuestionable: los reclutas pudieron viajar de forma continuada desde un país donde el Estado conserva la facultad de impedir la salida de cualquier ciudadano por razones de seguridad, defensa o interés público.
A ello se suma la presencia señalada de antiguos integrantes o personas vinculadas a unidades militares cubanas. El informe estadounidense cita una investigación según la cual al menos 62 de 746 reclutas examinados aparecían relacionados con las Avispas Negras. Esa cifra no demuestra un despliegue oficial, pero contradice la imagen de una corriente compuesta exclusivamente por albañiles, camareros y trabajadores engañados.
La dimensión humana tampoco debe perderse dentro de la batalla política. Algunos cubanos sabían que firmaban contratos militares. Otros aseguran que fueron engañados. Varios testimonios señalan que sus pasaportes fueron confiscados, que recibieron una preparación mínima y que, una vez vencidos sus contratos, Rusia se negó a liberarlos.
Ante esas denuncias, el Gobierno cubano no ha emprendido públicamente una campaña comparable a la de otros países para repatriar a sus ciudadanos. Tampoco ha presentado una relación verificable de procesados, sentencias, reclutadores neutralizados, víctimas identificadas o gestiones diplomáticas realizadas ante Moscú. En cambio, ha preservado su alianza política y militar con Rusia.
La tesis más prudente ya no puede ser que La Habana desconoce lo ocurrido. El volumen, la duración y la organización del reclutamiento apuntan a una realidad más grave: el Gobierno cubano tuvo suficientes medios para conocer el fenómeno y suficientes instrumentos para dificultarlo, pero no consiguió o no quiso detenerlo.
Queda por probar si existió una orden directa para enviar combatientes. Lo que ya resulta insostenible es presentar a las autoridades cubanas como simples espectadoras sorprendidas por una red extranjera. Cuando más de mil ciudadanos identificados terminan bajo contrato con el Ejército de un aliado estratégico, cuando el reclutamiento continúa después de haber sido denunciado y cuando el Estado no reclama abiertamente la devolución de quienes permanecen atrapados, la frontera entre tolerancia y complicidad se vuelve sumamente estrecha.
Sé el primero en comentar