El caso de Morón resulta particularmente revelador porque muestra cómo una protesta nacida de necesidades elementales puede terminar convertida en un problema de seguridad del Estado. Foto archivo captura redes sociales.
CUBA-REPRESIÓN
Redacción Central
La Habana. PLC | Siete meses después de que cientos de cubanos salieran a las calles de Morón para protestar contra los apagones, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida, la respuesta del Estado entra ahora en una fase decisiva: convertir aquella rebelión social en un proceso penal por sedición que puede enviar a prisión hasta por 13 años a algunos de sus participantes.
La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila ha presentado sus conclusiones provisionales contra 19 personas. La petición más elevada, 13 años de cárcel, corresponde a Hosuán Naranjo Chacón. Para Brian Pérez Muñoz, de 28 años, y otros adultos se solicitan 12 años. Para los adolescentes las peticiones alcanzan los siete años, con la excepción de Christian de Jesús Crespo, actualmente de 17 años y que tenía 16 cuando ocurrieron los hechos, para quien se reclaman ocho. Se trata todavía de peticiones fiscales y no de sentencias definitivas.
La dimensión de esas penas cambia sustancialmente la lectura de lo ocurrido en Morón. Ya no se trata solamente de la represión inmediata de una protesta, sino de la utilización posterior del aparato judicial para atribuir responsabilidades extremadamente graves a quienes participaron en ella.
La noche del 13 de marzo de 2026, la protesta comenzó como una expresión de descontento por los interminables cortes eléctricos y la escasez. Los manifestantes marcharon por distintas zonas de la ciudad, golpearon cazuelas y gritaron consignas de protesta y libertad. La movilización terminó frente a la sede municipal del Partido Comunista, donde algunos participantes sacaron muebles y propaganda del inmueble y les prendieron fuego en la calle. Imágenes difundidas aquella noche documentaron estos incidentes.
La propia acusación fiscal ofrece ahora una dimensión de aquellas protestas mucho mayor que la reconocida inicialmente. Según las conclusiones provisionales citadas por Martí Noticias, el grupo llegó a reunir a más de 800 personas. La Fiscalía sostiene que manifestantes lanzaron piedras, causaron daños en puertas y ventanas y que algunos penetraron en el edificio del Partido y prendieron fuego a objetos y mobiliario.
Ese punto es importante. Que durante una manifestación se produzcan daños materiales no convierte automáticamente a todos sus participantes en responsables de las mismas acciones. Precisamente ahí estará una de las cuestiones centrales del proceso: determinar individualmente qué hizo cada acusado y si las pruebas justifican las graves imputaciones formuladas contra ellos.
Las familias sostienen que eso no ha ocurrido.
Dayarmé Muñoz, madre de Brian Pérez Muñoz, reconoce que su hijo participó y expresó públicamente lo que pensaba, pero asegura que no se ha demostrado que incendiara objetos, lanzara piedras o participara en los actos que ahora sustentan la acusación. Pérez Muñoz permanece detenido desde marzo y fue trasladado posteriormente a la prisión de máxima severidad de Canaleta. Según su madre, cuatro solicitudes de modificación de la medida cautelar y una queja han sido rechazadas.
Más delicado todavía es el tratamiento de los adolescentes.
Christian de Jesús Crespo tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos. Su madre, Marielkis Álvarez, asegura que las pruebas de olor, huellas dactilares y calzado practicadas al joven fueron negativas. Según su testimonio, la identificación se apoya fundamentalmente en un video en el que el rostro de la persona no resulta visible y la atribución se habría realizado por su estatura y un tatuaje.
También está procesado Jonathan David Muir Burgos, detenido con 16 años y para quien la Fiscalía solicita siete años. Cubalex documentó desde abril los casos de al menos cuatro adolescentes relacionados con las protestas de Morón y alertó sobre la opacidad de los procedimientos y las dificultades de las familias para conocer las pruebas y actuaciones judiciales.
El caso de Morón resulta particularmente revelador porque muestra cómo una protesta nacida de necesidades elementales puede terminar convertida en un problema de seguridad del Estado. El origen de las manifestaciones no fue una conspiración clandestina, sino problemas perfectamente visibles para cualquier cubano: electricidad, alimentos y un deterioro general de la vida cotidiana. Posteriormente aparecieron consignas políticas y demandas de libertad. Cubalex documentó 229 protestas en marzo de 2026, el mayor número mensual de expresiones de descontento registrado por esa organización desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
La Fiscalía, sin embargo, coloca el delito de sedición en el centro de la causa de Morón. Y esa elección tiene una enorme trascendencia política. Cuando la respuesta frente a una crisis social pasa de resolver las causas de la protesta a procesar a sus participantes mediante figuras penales capaces de producir largas condenas, el mensaje no se dirige únicamente a los acusados. Se dirige también al resto de la sociedad.
Protestar puede salir muy caro.
Eso explica por qué Morón trasciende las fronteras de Ciego de Ávila. El proceso se inserta en un momento de crecimiento sostenido del encarcelamiento por motivos políticos documentado por organizaciones independientes.
El informe mensual más reciente de Prisoners Defenders registró 1.351 prisioneros políticos al cierre de septiembre de 2026, después de añadir 50 nuevos casos y registrar 38 bajas durante ese mes. La organización calificó la cifra como un nuevo récord. Su base de datos, que se actualiza durante octubre antes del próximo cierre mensual, muestra actualmente 1.355 personas y 21 nuevas incorporaciones en el mes.
Por eso conviene distinguir ambas cifras: 1.351 es el último total mensual consolidado; 1.355 es el registro actualizado hasta ahora en octubre.
Lo sucedido en Morón dibuja así un círculo inquietante. Una población exhausta protesta porque carece durante horas de electricidad y enfrenta una creciente escasez. La manifestación desemboca en incidentes y daños materiales. Después llegan las detenciones. Meses más tarde, la Fiscalía pide entre siete y trece años de prisión, incluso para personas que eran menores de edad cuando ocurrieron los acontecimientos.
La justicia debería establecer responsabilidades individuales, distinguir entre manifestarse, entrar en un edificio, causar daños o cometer cualquier otro delito y exigir pruebas suficientes para cada conducta concreta. Aplicar categorías colectivas y castigos extraordinariamente severos sin esa individualización convertiría al proceso penal en otra cosa: un mecanismo de escarmiento político.
Morón comenzó el 13 de marzo con ciudadanos reclamando electricidad, alimentos y mejores condiciones de vida. Siete meses después, el problema que el poder parece decidido a resolver no son los apagones que desencadenaron la protesta, sino los cubanos que se atrevieron a protestar contra ellos.
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