Cuba no enfrenta solamente una crisis de generación eléctrica. Enfrenta el efecto dominó producido cuando falla la infraestructura esencial de un país. Foto Facebook
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La Habana. PLC | La crisis energética cubana ha dejado de ser simplemente una sucesión de apagones para convertirse en una crisis nacional que afecta prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Las cifras oficiales del 30 de octubre describen un sistema incapaz de producir siquiera un tercio de la electricidad necesaria durante el horario de mayor consumo. Los testimonios que llegan desde diferentes provincias revelan la consecuencia humana de esas estadísticas: familias que pasan días sin corriente, comunidades sin agua, alimentos que no pueden conservarse y ciudadanos que comienzan a llevar su desesperación a las calles.
El episodio más significativo ocurrió el viernes 30 de octubre en La Habana. Vecinos del reparto Baluarte, en Río Verde, municipio de Boyeros, bloquearon la Avenida de Boyeros colocando contenedores de basura sobre la calzada. No protestaban por un apagón pasajero. Denunciaban más de tres días sin electricidad y meses de dificultades con el abastecimiento de agua. Una residente aseguró que, en las 72 horas anteriores, habían tenido apenas 35 minutos de servicio eléctrico.
La protesta adquirió además una dimensión difícil de ignorar: se produjo en una de las vías que comunica la capital con el Aeropuerto Internacional José Martí. La Policía acudió al lugar mientras los residentes mantenían bloqueada la circulación. Hasta los últimos reportes consultados no existían confirmaciones de detenciones ni enfrentamientos.
Lo ocurrido en Boyeros permite medir hasta qué punto el deterioro eléctrico ha dejado de ser únicamente un problema técnico. Cuando un ciudadano soporta unas horas sin electricidad, protesta contra un apagón. Cuando permanece días sin corriente, pierde el agua, no puede conservar alimentos y termina bloqueando una avenida, la crisis energética comienza a transformarse también en un problema social y político.
Las propias cifras oficiales ayudan a comprender el origen inmediato del descontento.
Según el parte publicado por la Unión Eléctrica el 30 de octubre, a las seis de la mañana el Sistema Electroenergético Nacional disponía de solo 790 megavatios frente a una demanda de 2.260. Para el horario de máxima demanda se estimaban apenas 840 MW disponibles contra una necesidad de 2.800 MW. El déficit previsto era de 1.960 MW y la afectación calculada alcanzaba 1.990 MW. El día anterior, la máxima afectación había llegado incluso a 2.004 MW.
Dicho de otra manera, la disponibilidad prevista para el momento de máximo consumo equivalía aproximadamente al 30 % de la demanda calculada.
Y las causas reconocidas por las propias autoridades resultan igualmente reveladoras. El 30 de octubre estaban averiadas unidades de las termoeléctricas de Santa Cruz, Antonio Guiteras, Felton y Renté, mientras otras unidades de Santa Cruz, Nuevitas y Renté se encontraban en mantenimiento. Las limitaciones de la generación térmica sumaban 496 MW.
No estamos, por tanto, ante la avería ocasional de una central. Estamos ante un sistema con una capacidad de generación extraordinariamente inferior a las necesidades del país.
En La Habana, la Empresa Eléctrica llegó a contabilizar 173 circuitos afectados y 371 MW de afectación. Algunos circuitos de Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, Boyeros, Cotorro, La Lisa y Playa acumulaban interrupciones superiores a 31 horas. El circuito VC100, de Arroyo Naranjo, alcanzaba 61 horas y 42 minutos.
En Holguín, otros circuitos acumulaban entre más de 20 y 23 horas de afectación. El hecho de que el Sistema Electroenergético Nacional permanezca técnicamente interconectado no significa, como advierten los propios registros consultados, que todos los consumidores tengan electricidad.
Ahí reside quizá una de las contradicciones más importantes de la crisis. El régimen puede informar que el sistema continúa conectado, pero esa estabilidad técnica significa poco para quien lleva uno, dos o tres días sin poder encender una bombilla.
Y el drama no termina cuando se apaga la luz.
La falta de electricidad golpea el abastecimiento de agua porque las estaciones de bombeo dependen del suministro energético. Una información publicada el 30 de octubre, basada en datos de responsables del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos citados originalmente por Radio Martí, sitúa en más de 2,7 millones el número de cubanos con graves problemas de acceso al agua potable. Solo en La Habana, más de medio millón de clientes estaban afectados por averías en sistemas de acueducto como El Gato.
En torno a Baluarte, los vecinos denuncian que los problemas con el agua se prolongan desde hace más de siete meses. Por eso la protesta de Boyeros resulta especialmente representativa: electricidad y agua han terminado formando parte de una misma emergencia.
Testimonios desde Holguín, Cienfuegos y Sancti Spíritus hablan de apagones de hasta 30 horas y personas que esperan que la corriente llegue de madrugada para cocinar, recargar los equipos eléctricos y almacenar agua. Dormir deja de responder al reloj biológico y empieza a depender del horario de los apagones.
La situación de estos últimos días tampoco constituye un accidente aislado. Las cifras oficiales muestran una secuencia extremadamente grave: el 28 de octubre se pronosticaron 2.045 MW de afectación; para el 29, 1.940 MW; y para el 30, otros 1.990 MW.
La explicación tampoco puede reducirse honestamente a una sola causa. La reducción del suministro de combustible y las sanciones estadounidenses han agravado sustancialmente la situación durante 2026. En febrero, Naciones Unidas llegó a advertir del peligro de un deterioro humanitario si Cuba no lograba cubrir sus necesidades de petróleo.
Pero reconocer esa presión externa no borra las responsabilidades internas acumuladas. El envejecimiento del parque termoeléctrico, las averías simultáneas, las unidades permanentemente sometidas a reparaciones y una capacidad instalada incapaz de responder con estabilidad a la demanda muestran problemas estructurales que vienen de mucho antes de la actual emergencia petrolera.
El resultado está hoy a la vista.
Cuba no enfrenta solamente una crisis de generación eléctrica. Enfrenta el efecto dominó producido cuando falla la infraestructura esencial de un país. Sin electricidad no funcionan regularmente las bombas de agua; sin refrigeración se deterioran los alimentos; sin corriente resulta más difícil cocinar, comunicarse o conservar medicamentos; y cuando todo ello se prolonga durante decenas de horas, el apagón deja de ser una incomodidad para convertirse en una alteración completa de la vida.
Por eso lo sucedido en Boyeros tiene una importancia que trasciende aquella avenida habanera.
Los contenedores colocados sobre la carretera son la expresión visible de un límite social. Los vecinos no estaban discutiendo megavatios ni estadísticas oficiales. Estaban reclamando electricidad y agua después de haber pasado días privados de ambas.
El Gobierno cubano puede administrar circuitos, divulgar partes de la Unión Eléctrica y pedir paciencia. Lo que resulta cada vez más difícil de administrar es el agotamiento de una población que lleva demasiado tiempo adaptando su existencia a la escasez.
Cuando un país tiene que organizar su vida alrededor del momento en que regresa la electricidad, el problema ya no es solamente energético. Y cuando los ciudadanos comienzan a cerrar las calles porque no tienen luz ni agua, el apagón deja de ser exclusivamente una crisis de infraestructura para convertirse también en una crisis política.
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