Estocolmo. PLC Análisis | Mientras millones de cubanos padecen apagones prolongados, escasez, deterioro de los servicios públicos y una crisis económica que parece no encontrar fondo, existe un sector del Estado que durante décadas ha conseguido sostener una dimensión extraordinaria: su aparato diplomático exterior.
La contradicción resulta difícil de ignorar. Cuba, un país con una economía debilitada y una población comparativamente pequeña, mantiene una de las redes diplomáticas más extensas de América Latina. El propio Ministerio de Relaciones Exteriores cubano mantiene actualmente portales correspondientes a representaciones en 124 países o destinos, mientras bases internacionales especializadas contabilizan alrededor de 125 embajadas y 20 consulados cubanos en el exterior.
No es, por tanto, una exageración afirmar que La Habana conserva una presencia diplomática global extraordinariamente amplia.
En 2022, un informe de Archivo Cuba, organización dirigida por María Werlau, puso cifras a esa desproporción. Según el estudio, Cuba tenía entonces 126 embajadas, 20 consulados y 43 diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas. El informe comparó esa estructura con la de países de población similar e incluso con economías considerablemente mayores.
La comparación con Suecia resultaba particularmente significativa. De acuerdo con aquel estudio, Cuba tenía 32 embajadas más que Suecia pese a que ambos países tenían poblaciones de alrededor de 11 millones de habitantes. Canadá, con 37,7 millones de habitantes, disponía entonces de 106 embajadas y 32 diplomáticos ante Naciones Unidas, cifras inferiores a las cubanas utilizadas en la comparación.
Bélgica, República Checa y Grecia, también con poblaciones comparables, tenían entre 40 y 43 embajadas menos que Cuba, según el mismo estudio. Werlau interpretó esos datos como evidencia de una presencia oficial cubana sobredimensionada con relación al peso demográfico y económico del país.
La pregunta inevitable es por qué.
Una explicación convencional sería que Cuba ha hecho históricamente de la diplomacia uno de los principales instrumentos de su política exterior. Desde 1959, La Habana ha buscado proyectar una influencia política internacional considerablemente superior a su capacidad económica, especialmente en América Latina, África, Asia y el Caribe.
Pero existe otro aspecto mucho más controvertido.
Archivo Cuba y antiguos miembros de los servicios cubanos sostienen que parte de ese despliegue internacional debe analizarse también desde la perspectiva de las actividades de inteligencia e influencia política.
Existe abundante evidencia histórica de que los servicios de inteligencia cubanos han utilizado estructuras y contactos internacionales para desarrollar operaciones en el extranjero.
Y algunos de los casos conocidos son extraordinarios.
Ana Belén Montes llegó a convertirse en una de las principales analistas sobre Cuba de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. El FBI documenta que había sido reclutada por la inteligencia cubana antes de incorporarse a la DIA en 1985 y que durante años entregó información estadounidense a sus controladores cubanos. Finalmente fue detenida en 2001 y se declaró culpable de conspiración para cometer espionaje. Ana Montes
No fue un episodio único.
Walter Kendall Myers, funcionario del Departamento de Estado estadounidense durante décadas, fue condenado a cadena perpetua después de declararse culpable de participar junto con su esposa en una conspiración de espionaje para Cuba que se prolongó durante casi 30 años.
Más recientemente apareció un caso todavía más desconcertante.
Víctor Manuel Rocha, antiguo funcionario del Departamento de Estado, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente embajador de Estados Unidos en Bolivia, se declaró culpable en abril de 2024 de haber actuado clandestinamente durante décadas como agente del Gobierno cubano. Fue condenado a 15 años de prisión. En mayo de 2026, el Departamento de Justicia inició además un procedimiento para revocar su ciudadanía estadounidense. Former U.S. Ambassador and National Security Council Official Admits to Secretly Acting as Agent of the Cuban Government
Estos casos son relevantes porque permiten separar la especulación de los hechos. No demuestran que 126 embajadas constituyan 126 centros de espionaje. Sí demuestran que el Estado cubano ha mantenido durante décadas una capacidad de inteligencia exterior capaz de reclutar agentes y penetrar instituciones sensibles de una potencia como Estados Unidos.
Esa eficacia contrasta radicalmente con la incapacidad que el mismo Estado exhibe para garantizar servicios esenciales a su población.
La paradoja cubana comienza precisamente ahí.
El Estado que carece de recursos para mantener funcionando permanentemente su sistema eléctrico ha conseguido sostener representaciones en más de un centenar de países. El país que atraviesa recurrentemente dificultades para importar alimentos, combustible y otros bienes fundamentales conserva una infraestructura diplomática comparable o superior a la de naciones considerablemente más prósperas.
Esto no significa que Cuba deba renunciar a tener una política exterior amplia. Tampoco que mantener embajadas sea, por sí mismo, un despilfarro. Las representaciones diplomáticas cumplen funciones legítimas de protección consular, negociación política, cooperación económica y relaciones internacionales.
La cuestión es otra: qué prioridades revela semejante distribución de los recursos de un Estado empobrecido.
El régimen cubano parece haber comprendido desde hace décadas que su capacidad para sobrevivir no depende exclusivamente de lo que ocurre dentro de la isla. También depende de mantener aliados, conseguir respaldo en organismos internacionales, preservar relaciones económicas, construir consensos diplomáticos y neutralizar iniciativas internacionales adversas.
Vista desde esa perspectiva, la extensa red exterior deja de parecer una anomalía presupuestaria y comienza a parecer una inversión política.
El ejemplo de Naciones Unidas es particularmente revelador. La diplomacia cubana ha conseguido mantener durante años un amplio respaldo internacional a su resolución anual contra el embargo estadounidense, incluso mientras gobiernos democráticos critican a La Habana en materia de derechos humanos. El informe de Archivo Cuba señalaba precisamente esta capacidad de conservar influencia internacional pese a la situación política interna de la isla.
La diplomacia se convierte así en una de las pocas áreas donde el sistema cubano puede reivindicar una considerable capacidad organizativa.
Cuba puede carecer de petróleo, divisas, producción agrícola suficiente y capacidad de generación eléctrica, pero no ha renunciado a financiar su presencia política internacional.
Ahí se encuentra la contradicción esencial.
Porque un Estado verdaderamente pobre tiene que establecer prioridades. Y cuando durante décadas una estructura gubernamental mantiene más de un centenar de embajadas mientras su infraestructura interna se deteriora, resulta legítimo preguntarse qué considera realmente indispensable.
La respuesta parece evidente: para el régimen cubano, su aparato exterior no constituye un lujo.
Constituye uno de sus instrumentos de supervivencia.
La verdadera potencia cubana hace tiempo que dejó de encontrarse en la economía, la industria o la capacidad de ofrecer prosperidad a sus ciudadanos. Se encuentra en otra parte: en la habilidad construida durante más de seis décadas para proyectar influencia política muy por encima del peso económico real del país.
Por eso sería un error medir al castrismo únicamente por el estado ruinoso de Cuba. Su fracaso económico no significa necesariamente un fracaso político de su estrategia exterior. Son dos realidades que pueden coexistir: un país profundamente empobrecido y un aparato estatal que continúa disponiendo de una extensa maquinaria diplomática internacional.
Esa probablemente sea una de las grandes paradojas del sistema instaurado en 1959.
La revolución que no consiguió convertir a Cuba en una potencia económica sí consiguió convertir su diplomacia en un instrumento formidable para defender internacionalmente al régimen que gobierna la isla.
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